La comparecencia de José García Losada, quien fuera el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial, ha aportado una perspectiva de blindaje institucional en el marco del caso Kitchen. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el mando policial jubilado ha querido desmarcar la actividad reglada de sus unidades de cualquier operativa clandestina destinada a proteger los intereses del Partido Popular.
Defensa de los informes sobre la contabilidad del PP
Uno de los puntos más críticos del interrogatorio giró en torno a la supuesta manipulación de documentos oficiales. García Losada fue tajante al negar que existiera orden alguna para suprimir las siglas «M. Rajoy» de los dosieres elaborados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según su testimonio, sugerir que se presionó a investigadores como Manuel Morocho para alterar la autoría de los apuntes contables carece de fundamento operativo.
El exmando policial subrayó que, si bien su cargo le obligaba a supervisar y leer los informes sobre la presunta financiación irregular antes de ser remitidos a la instancia judicial, esto se hacía con fines de control de calidad y no de censura. La relevancia de estos documentos, que posteriormente terminaban en manos de las partes y de la opinión pública, exigía un rigor que, según defiende, nunca se vio comprometido por directrices políticas.
La autonomía de la UDEF frente a los seguimientos ilegales
El núcleo de la operación Kitchen reside en los supuestos seguimientos sin control judicial realizados a la familia de Luis Bárcenas. En este sentido, García Losada ha desvinculado por completo a la Policía Judicial de estas acciones. Su estrategia de defensa se basa en dos pilares fundamentales:
- La UDEF disponía de su propia infraestructura de vigilancia operativa, lo que hacía innecesario recurrir a unidades externas como Asuntos Internos o la UCAO para tareas de seguimiento ordinarias.
- La inexistencia de peticiones oficiales de apoyo para localizar fondos ocultos de los Bárcenas en el extranjero a través de cauces no reglados.
Esta declaración contradice la versión de otros investigados que sostienen que la ineficacia de las unidades económicas justificó la creación de un grupo especial de vigilancia. Para Losada, la labor de sus subordinados siempre se mantuvo bajo el estricto marco de los comisionados judiciales, actuando directamente bajo el mandato de jueces y fiscales.
El desconocimiento de la red de confidentes y la trama paralela
La pieza central de la trama, el chófer Sergio Ríos, también fue objeto de análisis. García Losada afirmó que nunca tuvo conocimiento de la captación de colaboradores cercanos al extesorero para sustraer información sensible. Mientras la Fiscalía sostiene que mandos como Eugenio Pino y García Castaño orquestaron la extracción de dispositivos móviles, Losada asegura que su departamento fue mantenido al margen de estas gestiones.
La importancia de este testimonio radica en la visibilización de una fractura en el seno de la cúpula policial de la época. Por un lado, una estructura formal que, según el testigo, operaba con transparencia judicial; por otro, una presunta red parapolicial que ejecutaba acciones de espionaje sin informar a los cauces reglamentarios ni a los magistrados encargados de la instrucción del caso Gürtel.
Conclusión: Un muro entre la legalidad y la Kitchen
En definitiva, la postura de García Losada busca salvaguardar el prestigio de la Policía Judicial frente a las sombras de la operación Kitchen. Al negar cualquier tipo de intervención en la redacción de informes o en las vigilancias clandestinas, el excomisario refuerza la tesis de que la trama funcionó como un ente autónomo y opaco, ajeno a los protocolos de seguridad y legalidad que debían regir en la Comisaría General. El juicio continúa intentando determinar hasta qué punto esta ignorancia jerárquica era real o una forma de protección ante las graves acusaciones de malversación y prevaricación que planean sobre el Ministerio del Interior de aquel periodo.