La política penitenciaria en el País Vasco ha entrado en una fase de máxima tensión institucional tras la reciente intervención de la Audiencia Nacional. El presidente del Partido Popular vasco, Javier de Andrés, ha lanzado una ofensiva política exigiendo el cese fulminante de la consejera de Justicia, Maria Jesús San José, argumentando que el reciente freno judicial a las progresiones de grado de varios reclusos de la banda terrorista ETA evidencia una gestión basada en el «favoritismo» y no en el rigor jurídico.
El revés judicial que cuestiona la gestión de Lakua
El detonante de esta crisis ha sido la decisión del juez José Luis Castro, titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, quien ha revocado la semilibertad otorgada por el Gobierno Vasco a figuras prominentes de la extinta banda, como Soledad Iparragirre, conocida como ‘Anboto’, y Juan Ramón Carasatorre. Para el PP vasco, esta resolución no es un hecho aislado, sino la prueba fehaciente de que el Departamento de Justicia ha estado operando al margen de los criterios legales de reinserción.
Según De Andrés, la argumentación del Gobierno Vasco, que siempre se ha escudado en el cumplimiento estricto de la legalidad para justificar estas medidas, ha quedado totalmente desacreditada. «Hoy sabemos que la supuesta pulcritud legal era una fachada para ocultar una afinidad ideológica y un trato preferencial hacia los internos más sanguinarios de la organización», ha señalado el dirigente popular en los pasillos del Parlamento Vasco.
La tesis de la «amnistía encubierta»
El análisis de los populares va más allá de un simple error administrativo. Javier de Andrés vincula directamente la flexibilidad penitenciaria en Euskadi con los acuerdos políticos en Madrid. Sostiene que estas progresiones de grado forman parte de una hoja de ruta política pactada entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y EH Bildu, cuya consecuencia directa es una suerte de «amnistía encubierta» gestionada desde la administración autonómica.
Esta estrategia, a juicio del PP, no busca la justicia ni la reparación, sino cumplir con compromisos privados que socavan la dignidad de las víctimas. De Andrés ha enfatizado que el Departamento de Justicia ha actuado con un «afecto personal» hacia los presos que resulta incompatible con la neutralidad que requiere el cargo público, tratando a los condenados «como amigos» en lugar de aplicar la severidad que el marco legal prevé para delitos de terrorismo.
Exigencia de responsabilidades y ceses inmediatos
La presión del Partido Popular no se limita únicamente a la consejera Maria Jesús San José. De Andrés ha puesto también en la diana al responsable del centro penitenciario de Martutene, solicitando su destitución inmediata por haber ignorado, presuntamente, las recomendaciones de las juntas de tratamiento y haber actuado de forma arbitraria en beneficio de los reclusos de ETA.
- Dimisión de la Consejera: Por considerar que su permanencia es insostenible tras mentir sobre el amparo legal de sus decisiones.
- Destitución en Martutene: Por saltarse los protocolos técnicos en la concesión de beneficios penitenciarios.
- Cambio de modelo: Exigencia de un sistema que priorice la deslegitimación del terrorismo sobre la comodidad de los victimarios.
Un conflicto de valores en la sociedad vasca
Para concluir, el líder de los populares ha subrayado que lo que está en juego no es solo una cuestión de trámites administrativos, sino la salud democrática del País Vasco. La crítica central radica en que el Gobierno autonómico está, supuestamente, «poniéndose una venda en los ojos» ante el pasado criminal de estos individuos, en lugar de trabajar por un relato de memoria y justicia.
La resolución de la Audiencia Nacional ha servido al PP para reafirmar su postura de que el modelo penitenciario vasco actual es un «deterioro absoluto» para la imagen institucional de Euskadi. Según De Andrés, la sociedad necesita instituciones que no trabajen para los terroristas, sino para el conjunto de la ciudadanía, garantizando que el cumplimiento de las penas sea un reflejo del Estado de Derecho y no una herramienta de negociación política.