La comparecencia de Jordi Pujol ante la justicia española el próximo lunes no será un trámite meramente administrativo o médico; se ha transformado en un acto de reivindicación política. Una delegación de alto nivel de Junts per Catalunya ha confirmado su asistencia a las puertas de la Audiencia Nacional para arropar al que fuera presidente de la Generalitat, en un gesto que busca cuestionar la necesidad de someter a un hombre de 94 años a este tipo de procedimientos presenciales.
El objetivo del reconocimiento médico en la Audiencia Nacional
El motivo central de esta citación es evaluar el estado de salud real de Jordi Pujol. Tras años de instrucción sobre el origen de la fortuna familiar en Andorra, el tribunal necesita determinar si el exmandatario posee las facultades cognitivas y físicas suficientes para afrontar un juicio oral. Esta evaluación es el paso previo y determinante para decidir si Pujol se sentará en el banquillo o si, por el contrario, su causa queda archivada por incapacidad.
Una movilización masiva de la cúpula de Junts
La formación liderada por Carles Puigdemont ha querido dotar a este acompañamiento de una relevancia institucional máxima. No se trata solo de un gesto de cortesía, sino de una defensa cerrada de su figura histórica. Entre los nombres confirmados para asistir a la sede judicial destacan figuras clave de la estructura del partido:
- Los vicepresidentes del partido Toni Castellà y Josep Rius.
- El adjunto a la presidencia, Albert Batet, y el portavoz parlamentario Salvador Vergés.
- Un amplio bloque de diputados en el Congreso, entre los que se encuentran Pilar Calvo, Isidre Gavín, Josep Maria Cervera, Marta Madrenas y Josep Pagès.
- Representantes del Senado como Eduard Pujol, Teresa Pallarès, Francesc Ten y Joan Bagué.
Críticas al procedimiento: ¿Justicia o escarnio público?
Desde las filas de Junts, la citación presencial ha sido recibida con profunda indignación. Jordi Turull, secretario general de la formación, ha sido uno de los más vehementes al calificar la situación como una estrategia de venganza política. Tras visitar personalmente al expresidente para transmitirle su afecto, Turull denunció a través de sus canales oficiales que obligar a un hombre de avanzada edad a desplazarse a Madrid para este examen médico es una forma de escarnio público innecesario, dada su delicada situación de salud.
El partido sostiene que el tratamiento que está recibiendo quien fuera el fundador de Convergència responde más a una voluntad de dañar su simbolismo para Cataluña que a una estricta necesidad procesal. Por ello, tras la cita en la Audiencia Nacional, Josep Rius tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación para fijar la posición oficial de la formación y valorar el desarrollo de la jornada.
Un horizonte judicial incierto para la familia Pujol
Este examen médico es la pieza que falta para completar el rompecabezas de un proceso judicial que se ha dilatado durante más de una década. Mientras la estrategia de defensa se centra en la vulnerabilidad biológica del expresidente, el bloque independentista utiliza este escenario para denunciar lo que consideran una persecución judicial contra las instituciones catalanas representadas, en este caso, por la figura de Jordi Pujol.