La estrategia jurídica de Koldo García ha dado un giro radical al desmarcarse totalmente de las acusaciones y señalar directamente hacia la cúpula del Ejecutivo durante la pandemia. El que fuera asesor de confianza en el Ministerio de Transportes ha presentado un escrito de defensa ante el Tribunal Supremo en el que no solo rechaza cualquier responsabilidad penal, sino que exige la comparecencia de figuras políticas de primer nivel para esclarecer los procesos de contratación de material sanitario.
Un tablero de testigos con nombres propios: Marlaska, Illa y Armengol
El núcleo de la nueva línea de defensa reside en la solicitud de testimonios clave. Koldo García busca que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el exministro de Sanidad, Salvador Illa, declaren sobre los protocolos seguidos. A esta lista se suma Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, cuya gestión al frente de Baleares también estuvo bajo el foco por la compra de cubrebocas a la empresa Soluciones de Gestión.
Resulta analíticamente relevante que, en esta maniobra legal, se haya omitido la solicitud de testimonio de Ángel Víctor Torres. A pesar de que el actual ministro de Política Territorial también lideró una administración autonómica que contrató con la trama, la defensa de García ha decidido, por el momento, no incluirlo en su lista de comparecientes imprescindibles.
El choque frontal contra la confesión de Víctor de Aldama
La postura de Koldo García representa una colisión directa con la narrativa de Víctor de Aldama. Mientras el comisionista ha optado por una estrategia de colaboración y reconocimiento de los hechos —buscando una reducción sustancial de su futura condena—, el exasesor ministerial mantiene una postura de inocencia absoluta. García niega haber percibido mordidas o haber utilizado su ascendencia política para influir de manera ilícita en las adjudicaciones públicas.
Este enfrentamiento de versiones será el eje central del juicio, ya que el magistrado Leopoldo Puente sostiene que existió un «concierto» previo entre los investigados. Según el auto judicial, los implicados habrían aprovechado la situación de emergencia sanitaria y su cercanía al poder para generar un beneficio económico personal mediante la gestión de contratos públicos de emergencia.
Las elevadas peticiones de cárcel y el horizonte judicial
La gravedad de los delitos imputados se refleja en las penas solicitadas por las acusaciones, que sitúan este caso como uno de los más delicados para el entorno del anterior equipo de Transportes:
- Koldo García: Se enfrenta a una petición de 19 años y medio de prisión por parte de la Fiscalía.
- José Luis Ábalos: El Ministerio Público solicita para el exministro una condena de 24 años de cárcel.
- Víctor de Aldama: Debido a su estrategia de reconocimiento de delitos, la petición se sitúa en 7 años.
- Acusaciones populares: Elevan la presión solicitando hasta 30 años de prisión para los principales responsables públicos.
El proceso, que derivó de una pieza separada sobre el presunto cobro de comisiones irregulares en obra pública, entra ahora en una fase determinante. La decisión del Tribunal Supremo sobre si acepta o no a los testigos de alto rango propuestos por Koldo marcará el ritmo político y judicial de los próximos meses, poniendo a prueba la transparencia de los mecanismos de contratación utilizados durante el estado de alarma.
Conclusión: Un desafío al relato oficial
En definitiva, Koldo García no solo intenta salvar su situación personal, sino que obliga a la Administración Pública a dar explicaciones en sede judicial sobre el funcionamiento interno de las adjudicaciones. Al negar la versión de Aldama, el exasesor fía su futuro a demostrar que los procedimientos, aunque urgentes, cumplieron con la legalidad vigente, trasladando la carga de la prueba hacia la gestión de los propios ministerios implicados.