La comparecencia de Soraya Sáenz de Santamaría ante la Audiencia Nacional ha marcado un punto de inflexión en el juicio por la denominada Operación Kitchen. La que fuera mano derecha de Mariano Rajoy ha mantenido una postura de distanciamiento radical frente a las acusaciones de una supuesta estructura parapolicial diseñada para proteger los intereses del Partido Popular frente al escándalo de los papeles de Bárcenas.
Un testimonio basado en el desconocimiento administrativo
Durante su declaración como testigo, Sáenz de Santamaría ha articulado una defensa fundamentada en la estricta separación de competencias. A pesar de su cargo como vicepresidenta y ministra de la Presidencia, ha asegurado que nunca tuvo constancia de que desde el Ministerio del Interior se estuviera orquestando un plan ilegal para sustraer información comprometida a Luis Bárcenas. Su respuesta ante las preguntas de las acusaciones populares ha sido una negativa constante y tajante.
La exdirigente ha subrayado que su conocimiento sobre las irregularidades en la contabilidad del partido o las maniobras para frenar el impacto del caso Gürtel provenía exclusivamente de la prensa. Con esta declaración, Santamaría busca desvincularse de cualquier toma de decisiones que pudiera implicar una responsabilidad penal o política en el uso de recursos públicos para fines partidistas.
El papel del CNI y el uso de fondos reservados
Uno de los ejes más sensibles del interrogatorio ha sido la gestión de los fondos reservados. Sáenz de Santamaría ha sido interrogada sobre si estos recursos se emplearon para financiar al exchófer de Bárcenas a cambio de documentos sensibles. Al respecto, su argumentación se ha centrado en delimitar claramente las parcelas de poder:
- Negó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que estaba bajo su mando directo, participara de ninguna forma en la trama Kitchen.
- Puntualizó que las partidas presupuestarias del CNI eran independientes de las del Ministerio del Interior.
- Rechazó haber dado instrucciones a la Secretaría de Estado de Seguridad para obtener datos sobre la contabilidad paralela del PP.
El desfile de exministros en la Audiencia Nacional
La intervención de la exvicepresidenta no es un hecho aislado, sino que se suma a una secuencia de testimonios de alto nivel. Tras las declaraciones previas de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, el tribunal intenta reconstruir si la cúpula del Ejecutivo de entonces conocía la existencia de una red policial dedicada al espionaje ilegal.
Al igual que sus antiguos compañeros de gabinete, Santamaría ha optado por una narrativa de aislamiento institucional, sugiriendo que, de haber existido tal trama, esta operó al margen de los mecanismos de control del Gobierno y fuera de su ámbito de supervisión. La estrategia de «no me consta» y «no lo recuerdo» ha sido el denominador común para neutralizar los intentos de vincular a la Presidencia con los manejos oscuros de Interior.
Conclusiones del interrogatorio
En definitiva, Soraya Sáenz de Santamaría ha blindado su gestión pasada alegando que su labor gubernamental nunca colisionó con las actividades delictivas que se investigan. Al negar cualquier tipo de orden o reporte sobre la Operación Kitchen, traslada toda la responsabilidad a los mandos policiales y políticos del área de Seguridad, cerrando así su intervención sin aportar nuevos detalles que puedan comprometer su trayectoria o la de la antigua dirección del partido.