Transcurrido un año desde que el cero eléctrico paralizara a millones de hogares en España y Portugal, la gestión de aquella crisis sigue provocando fuertes sacudidas en el tablero político. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el aniversario del colapso ocurrido el 28 de abril de 2025 para realizar un análisis crítico sobre la vulnerabilidad del sistema energético nacional y señalar directamente a los que considera responsables de lo que define como un «fallo multiorgánico» del Estado.
El coste de una transición energética desconectada de la realidad
Para el Partido Popular, lo ocurrido hace doce meses no fue un accidente fortuito provocado por factores externos, sino la consecuencia inevitable de una política energética ideologizada. Feijóo sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez priorizó los objetivos propagandísticos de generación fotovoltaica sobre la estabilidad técnica de la red, ignorando deliberadamente los avisos de los expertos y los informes técnicos que ya en mayo de 2024 alertaban sobre riesgos estructurales.
El impacto económico de esta supuesta negligencia no es menor. Según las cifras manejadas por la formación popular, la denominada «operación reforzada» —el conjunto de medidas de emergencia activadas tras el incidente para evitar nuevos apagones— ha supuesto un coste cercano a los 1.000 millones de euros. Esta factura, que repercute directamente en los consumidores, se traduce en un sobrecoste medio de 40 euros por hogar, una cifra que Feijóo utiliza para ejemplificar cómo la ineficacia administrativa acaba mermando el bolsillo de los ciudadanos.
Responsabilidades políticas: El foco sobre Red Eléctrica y Moncloa
La crítica del PP no se queda en la abstracción técnica, sino que pone nombres y apellidos a la crisis. En un tono contundente, Feijóo ha reclamado la dimisión de las principales figuras al mando de la infraestructura energética y la política medioambiental del país. En su lista de responsables directos figuran:
- Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España (REE).
- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
- Teresa Ribera y Sara Aagesen, como responsables de la cartera de Transición Ecológica en distintas etapas del proceso.
El argumento principal de la oposición es que ninguno de estos perfiles ha asumido responsabilidades políticas tras el que consideran el mayor apagón de la historia de Europa. Feijóo insiste en que la degradación del país es un proceso progresivo que tiene en este suceso un hito incontrovertible de mala gestión institucional.
Cinco pilares para blindar el suministro eléctrico
Más allá de la denuncia, el Partido Popular ha estructurado una hoja de ruta con el objetivo de garantizar que España no vuelva a quedar a oscuras. Esta propuesta busca un equilibrio entre la descarbonización y la seguridad de suministro, alejándose de lo que consideran planteamientos dogmáticos del actual Gobierno. Los puntos clave de este plan incluyen:
- Mix energético equilibrado: Integración eficiente de fuentes renovables con energías síncronas, como la nuclear, la térmica e hidroeléctrica, para garantizar la estabilidad de la frecuencia.
- Prolongación de la vida nuclear: Defensa del parque nuclear español como pieza fundamental para reducir la probabilidad de apagones.
- Despolitización técnica: Requisito de que la presidencia de Red Eléctrica sea ocupada por perfiles con trayectoria técnica demostrable y no por nombramientos políticos.
- Transparencia obligatoria: Sometimiento de la operadora del sistema a auditorías y obligaciones de información pública más estrictas.
- Protección al consumidor: Mecanismos de compensación y defensa para la industria y los particulares ante fallos sistémicos.
La energía nuclear como factor de seguridad estratégica
Un punto de fricción fundamental sigue siendo el papel de las centrales nucleares. Feijóo ha sido especialmente enfático al mencionar el caso de Almaraz, asegurando que si dicha central hubiera operado a pleno rendimiento durante la jornada del apagón, el riesgo de colapso se habría minimizado drásticamente. El compromiso del PP con este sector se escenifica con visitas a instalaciones nucleares para reforzar la idea de que la soberanía energética no puede depender exclusivamente de fuentes intermitentes.
En conclusión, el debate sobre el gran apagón de 2025 trasciende lo técnico para convertirse en un examen a la competencia gubernamental. Mientras el Gobierno intenta pasar página, la oposición mantiene el foco en las facturas pendientes, tanto las económicas como las de responsabilidad política, exigiendo un cambio de rumbo que priorice la seguridad del suministro sobre la estética climática.