El proceso de instrucción por el trágico siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas el pasado mes de enero, ha entrado en una fase de alta tensión jurídica. Tras la aceptación formal de los cargos por parte de los tres especialistas designados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, la acusación particular ha movido ficha rápidamente para impugnar la idoneidad de dos de ellos, alegando una falta de objetividad e independencia manifiesta.
Conflictos de interés y la sombra de las constructoras
El núcleo de la controversia reside en las relaciones profesionales previas de los peritos con entidades directamente implicadas en la gestión y mantenimiento de la infraestructura. Uno de los especialistas señalados ejerce como socio director de una consultora de ingeniería que ha supervisado proyectos para Ferrovial y AZVI. Estas empresas no son ajenas a la causa: integraron la UTE responsable de las obras de mejora en el tramo de Adamuz solo ocho meses antes del descarrilamiento.
La acusación sostiene que la participación del perito en obras críticas, como los accesos ferroviarios a la terminal de Cádiz para dichas constructoras, crea un vínculo comercial que contamina su capacidad para analizar con rigor los posibles fallos en la ejecución de la vía cordobesa. La ética judicial exige que quienes determinen las causas de una tragedia de esta magnitud no mantengan lazos económicos con las entidades bajo sospecha.
La relación directa con ADIF bajo escrutinio
El segundo experto recusado enfrenta cuestionamientos por su actividad laboral vigente. Según los documentos presentados ante la jueza Cristina Pastor, este perito se encuentra actualmente ejecutando proyectos para ADIF en la provincia de Albacete. La lógica de la acusación es contundente: no se puede auditar con imparcialidad a una entidad que, al mismo tiempo, actúa como cliente o empleador del auditor.
- Imparcialidad técnica: Los informes periciales deben estar libres de cualquier presión corporativa.
- Transparencia judicial: La vinculación con el gestor de infraestructuras pone en riesgo la validez del dictamen final.
- Derechos de las víctimas: El esclarecimiento de las muertes exige especialistas sin intereses cruzados en el sector ferroviario.
Un pulso legal por la validez de la investigación
Esta no es la primera vez que se intenta apartar a estos profesionales. Un intento previo de recusación fue bloqueado por una cuestión de plazos, ya que los expertos aún no habían prestado juramento. Ahora, con el cargo ya aceptado oficialmente en sede judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) deberá resolver si la trayectoria de estos técnicos permite garantizar una investigación transparente.
La resolución de este conflicto es vital para el futuro de la causa. En un accidente con 46 fallecidos, la integridad de la prueba pericial es el pilar sobre el que se fundamentarán las posibles responsabilidades penales. La justicia de Montoro se enfrenta al reto de asegurar que el informe que explique por qué descarriló el tren en Adamuz sea incuestionable desde el punto de vista ético y profesional.