Un nuevo giro procesal sitúa el foco sobre la estructura financiera del Partido Socialista. La Audiencia Nacional ha decidido formalmente integrar en sus diligencias las declaraciones que Koldo García y Víctor de Aldama ofrecieron recientemente ante el Tribunal Supremo. Esta maniobra jurídica, validada por el magistrado Ismael Moreno, busca esclarecer si las revelaciones de ambos implicados arrojan luz sobre el presunto amaño de contratos públicos y el flujo de dinero en efectivo hacia las arcas de la formación política.
Nuevos indicios en la trama de las mordidas y pagos en metálico
La solicitud, impulsada originalmente por el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, se fundamenta en la posibilidad de hallar datos inéditos que conecten los diferentes hilos de la investigación. Actualmente, el caso se divide en dos vertientes críticas: por un lado, la supuesta manipulación de licitaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales, donde figura como investigado el exsecretario de Organización Santos Cerdán; por otro, una pieza que permanece bajo secreto de sumario centrada exclusivamente en los pagos directos al partido.
El interés de la fiscalía radica en la conexión de los testimonios con el manejo de fondos líquidos. Según los documentos procesales, se considera que las manifestaciones de Aldama y García son de «interés máximo» para reconstruir el rastro del dinero que, presuntamente, terminó financiando actividades partidistas de forma irregular.
Las revelaciones de Aldama: Delcy Rodríguez y el sobre bajo sospecha
Víctor de Aldama, considerado el nexo empresarial de la trama, ha aportado testimonios que han sacudido los cimientos de la defensa socialista. En sus comparecencias, el empresario no solo admitió la existencia de una financiación paralela, sino que entregó pruebas materiales de un calibre diplomático sensible: un sobre remitido por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
Aldama sostiene que el mecanismo era sistemático. Según su versión, el propio Koldo García lo utilizaba como puente para presionar a constructoras, instándolas a realizar donaciones estratégicas al PSOE a cambio de favores en adjudicaciones estatales. El comisionista llegó a relatar tensiones con las empresas debido a la falta de rigor en los procesos, asegurando que él simplemente ejecutaba las directrices políticas que recibía desde las altas esferas, señalando incluso que el presidente del Gobierno estaba al tanto de estas operativas, aunque por ahora no se han presentado evidencias documentales que confirmen este último extremo.
El código de las ‘chistorras’ y la logística de los pagos
Uno de los puntos más mediáticos y relevantes para la UCO (Unidad Central Operativa) ha sido el lenguaje cifrado utilizado por los implicados. Koldo García admitió finalmente que el término «chistorras», recurrente en las escuchas telefónicas, hacía referencia a billetes de 500 euros. Esta confesión contradice de lleno la versión oficial ofrecida por la gerencia del PSOE, que siempre ha negado el uso de papel moneda de alta denominación en sus transacciones habituales.
- Pagos mensuales: La Guardia Civil estima que Aldama entregó unos 10.000 euros cada mes a la red durante tres años consecutivos.
- Fases de cobro: Los investigadores dividen las entregas en dos periodos; el primero gestionado directamente por el asesor de Ábalos y el segundo por su hermano Joseba.
- Justificación de ingresos: García intentó desvincular estos fondos de las mordidas, alegando que se trataba de liquidaciones internas de gastos del partido, versión que la Audiencia Nacional analiza con escepticismo.
Una pieza separada para blindar la investigación
El juez Moreno optó en diciembre por desgajar la causa, creando una pieza separada específica para los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2023. Esta decisión se tomó tras la entrega voluntaria de un dispositivo de almacenamiento de datos por parte del propio partido, dada la gravedad de los indicios detectados. Esta subcausa se mantiene bajo un estricto régimen de reserva para evitar filtraciones que puedan comprometer la recolección de pruebas sobre la presunta contabilidad B y el uso de efectivo en la sede de Ferraz.