El proceso judicial que rodea la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en la cotizada zona de Playa de San Juan, ha entrado en una fase de máxima actividad administrativa. Un giro decisivo en la instrucción ha llevado a la magistrada titular del Juzgado número 5 de Alicante a emitir una providencia de carácter urgente, con el objetivo de blindar la prueba documental antes de que comiencen las comparecencias clave de los implicados.
Transparencia municipal: el expediente de la parcela bajo lupa
La Fiscalía ha puesto el foco sobre el origen de la construcción. Por ello, la magistrada ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Alicante la entrega inmediata de toda la trazabilidad administrativa correspondiente a la parcela municipal de más de 8.600 metros cuadrados. Este requerimiento busca desgranar cada paso de la licitación y posterior adjudicación del suelo público donde hoy se levanta la urbanización.
La urgencia de la jueza responde a la necesidad de analizar si los procedimientos de enajenación cumplieron con la normativa vigente o si, por el contrario, existieron irregularidades en la gestión del patrimonio público local. El consistorio deberá remitir no solo el expediente completo, sino también cualquier anexo que detalle las condiciones en las que el suelo pasó a manos privadas para fines de protección pública.
Radiografía interna de la cooperativa promotora
Más allá de la responsabilidad institucional, la investigación se adentra en la estructura operativa de la cooperativa Les Naus. La justicia ha demandado una radiografía completa de su funcionamiento desde su origen, exigiendo la presentación de los siguientes documentos:
- Actas oficiales de su constitución en junio de 2018.
- Registros de las decisiones tomadas por su junta general y el consejo rector.
- Listado detallado de los socios fundadores que integraron el proyecto inicial.
- Contratos mercantiles suscritos con tres empresas específicas vinculadas al desarrollo del complejo.
Estrategia de defensa y cronograma judicial
Este impulso procesal no solo proviene de la acusación. La defensa de María Pérez-Hickman, quien fuera jefa del Servicio de Contratación municipal, también ha solicitado la incorporación de documentación que considera vital para su postura. Se trata de expedientes que datan de 2016 y que podrían aportar el contexto necesario sobre cómo se gestó la salida al mercado de estos terrenos.
Todo este intercambio de información tiene una fecha límite marcada en rojo en el calendario judicial: el 20 de mayo. Ese día comenzarán las declaraciones ante la jueza, y todas las partes esperan contar con la documentación completa para afrontar los interrogatorios. La resolución de este caso determinará si la gestión de la vivienda protegida en Alicante ha seguido los cauces legales o si se enfrenta a un escenario de corrupción urbanística y administrativa.