La gestión administrativa de la DANA en Valencia sigue sumando testimonios que revelan las profundas grietas en la cadena de mando durante las horas más críticas del desastre. En una reciente declaración ante el juzgado de Catarroja, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha expuesto la cronología de una tarde marcada por el pánico al colapso de infraestructuras y la indecisión sobre medidas excepcionales de seguridad ciudadana.
El fantasma del colapso: La alerta por la presa de Forata
Según el relato de García, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, mantuvo un contacto telefónico urgente en dos momentos clave de la tarde del 29 de octubre. A las 19:36 horas, la comunicación fue taxativa: Pradas advirtió sobre la posibilidad de que una presa reventara —en referencia implícita a la de Forata— y planteó la necesidad imperativa de confinar a toda la población de la provincia de Valencia. Esta revelación sitúa el nivel de alarma en el epicentro del Consell mucho antes de que se emitieran los avisos masivos a la ciudadanía.
A pesar de la gravedad de la advertencia, la respuesta del secretario de Presidencia no fue la activación de protocolos inmediatos, sino una remisión a la seguridad jurídica. García instó a la consellera a elevar una consulta formal a la Abogacía de la Generalitat, argumentando que el confinamiento masivo supondría una limitación drástica de derechos fundamentales que debía estar plenamente respaldada antes de su ejecución.
Divergencias jurídicas y el silencio hacia la Presidencia
Uno de los puntos más controvertidos de la comparecencia fue la falta de comunicación directa con el entonces president, Carlos Mazón. García reconoció ante la jueza que en ningún momento informó al jefe del Consell sobre la sugerencia de confinamiento planteada por Pradas. Esta desconexión jerárquica resulta especialmente relevante, dado que el testigo afirmó que no era su labor actuar como puente para comunicaciones que no habían logrado llegar al president por las vías ordinarias.
Por otro lado, la Abogacía de la Generalitat, aunque no recibió ninguna petición por escrito ese día, sí confirmó telefónicamente que existía soporte legal para decretar el confinamiento si la emergencia lo requería. De hecho, el subsecretario de Interior recibió una respuesta afirmativa sobre la viabilidad de la medida, lo que sugiere que la barrera para proteger a la población no fue la falta de herramientas legales, sino la falta de una decisión política final.
Información de radio y preparativos en el DOGV
El testimonio de García también arrojó luz sobre cómo fluía la información dentro de la Generalitat. El exsecretario admitió que avisó al Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) para que estuviera en guardia ante una publicación inminente, lo que demuestra que el escenario de confinamiento se consideró una posibilidad real durante varios minutos. Sin embargo, tras las consultas iniciales, el impulso de la medida se diluyó sin que se llegara a formalizar ninguna instrucción.
Resulta igualmente llamativo que los avisos que García envió a Mazón sobre el elevado número de damnificados —utilizando expresiones coloquiales sobre el impacto en zonas como Utiel— no se basaran en informes de emergencia en tiempo real, sino en lo que el propio secretario escuchaba en las emisoras de radio. Este detalle refuerza la tesis de una gestión que, en ciertos niveles, dependía más de los medios de comunicación externos que de una red de inteligencia de emergencias interna y coordinada.
Conclusiones sobre una cadena de mando fragmentada
La declaración de Cayetano García deja sobre la mesa un panorama de incertidumbre operativa. Mientras una consellera alertaba sobre una catástrofe de dimensiones históricas y proponía medidas de choque, el aparato administrativo se enredaba en consultas de legalidad y protocolos de comunicación fallidos. La tragedia de la DANA no solo puso a prueba las infraestructuras hidráulicas de Valencia, sino que evidenció una estructura de mando donde la información crítica no siempre llegaba a tiempo a quienes debían tomar las decisiones definitivas.
El proceso judicial continuará analizando si la prudencia jurídica de García o la falta de insistencia de Pradas ante el president fueron factores determinantes en la ausencia de una orden de confinamiento que podría haber alterado el balance final de la catástrofe.