El sistema judicial español se ha topado con un muro insalvable en Oriente Medio. El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa centrada en la intrusión ilícita en los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y varios ministros. Esta decisión no responde a una falta de indicios de criminalidad, sino a lo que el propio juez define como una impotencia investigadora derivada de la nula colaboración institucional por parte de Israel.
El bloqueo de Israel y la parálisis de la justicia
La clave de este archivo reside en la absoluta falta de respuesta a las comisiones rogatorias enviadas a territorio israelí. El objetivo del instructor era obtener información técnica de NSO Group, la empresa desarrolladora de Pegasus, y tomar declaración a su máximo responsable. Sin embargo, el silencio persistente de las autoridades de dicho país ha impedido avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales detrás del espionaje.
La investigación queda ahora en un estado de latencia jurídica. Según el auto judicial, el proceso permanecerá aletargado a la espera de que, en un escenario futuro poco probable, Israel decida cooperar o aparezcan nuevas evidencias que permitan reactivar las pesquisas sobre los delitos de revelación de secretos.
Cronología y volumen del robo de datos
Los análisis periciales han permitido reconstruir una hoja de ruta precisa sobre cuándo y cuánto se espió a la cúpula del Ejecutivo español. El impacto de la infección por Pegasus varió significativamente entre los afectados:
- Pedro Sánchez: Su dispositivo fue vulnerado en cinco ocasiones. El ataque más severo ocurrió en mayo de 2021, coincidiendo con la crisis migratoria de Ceuta, logrando extraer 2,57 GB de información.
- Margarita Robles: La ministra de Defensa sufrió cuatro infecciones entre mayo y octubre de ese mismo año.
- Fernando Grande-Marlaska: El titular de Interior fue objetivo del software en dos momentos específicos de junio de 2021.
- Luis Planas: En el caso del ministro de Agricultura, el ataque fue fallido gracias a la presencia de herramientas de seguridad tipo «vacuna», limitando la exfiltración a menos de 1 kb.
El factor geopolítico: Ceuta y Marruecos en el horizonte
Aunque el auto no señala culpables directos, la coincidencia de las infecciones con hitos de la política exterior española es evidente. El robo masivo de datos al presidente Sánchez se produjo mientras España gestionaba la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma de Ceuta y se mantenía una tensa relación diplomática con Marruecos por la acogida del líder del Frente Polisario.
Otro momento crítico detectado fue la cumbre hispano-polaca a finales de mayo de 2021, donde se sustrajeron otros 130 MB de datos del teléfono presidencial. En esa misma fecha, el debate sobre la soberanía del Sahara Occidental marcaba la agenda internacional de la Moncloa.
La vía francesa no arroja luz suficiente
Cabe recordar que la causa se reabrió brevemente tras recibir información de las autoridades judiciales de Francia, quienes también investigan ataques similares contra sus propios ministros y diputados. El juez Calama analizó si los datos aportados por los peritos franceses podían servir de puente para hallar a los responsables en España. No obstante, tras un estudio minucioso, se ha concluido que dichas pruebas no aportan elementos de peso para señalar a una persona física o jurídica concreta como ejecutora del espionaje en territorio nacional.
Con este segundo archivo, la seguridad de las comunicaciones del Estado queda envuelta en una sombra de incertidumbre. La tecnología de vigilancia cibernética ha demostrado ser capaz de perforar las más altas esferas del poder, pero los mecanismos de cooperación internacional se han revelado insuficientes para garantizar que estos actos no queden en la más absoluta impunidad.