Obstáculos logísticos en la sede de Paseo de la Habana: El giro de la UDEF
Lo que debía ser una operación quirúrgica de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se ha transformado en un trámite administrativo forzoso. Los agentes que acudieron a la sede de la mercantil Inteligencia Prospectiva, en pleno centro de Madrid, se toparon con una oficina desierta y en proceso de reforma. Este imprevisto ha obligado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a modificar su estrategia, sustituyendo la incautación inmediata de material por un requerimiento formal de información para no perder el rastro de las pruebas en el marco del caso Plus Ultra.
A diferencia del registro fallido en esta sociedad, la intervención en el despacho personal de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz sí arrojó resultados tangibles. Los investigadores lograron extraer cajas con documentación y dispositivos de almacenamiento pertenecientes a su secretaria, Gertrudis Alcázar. Este material es ahora el epicentro de un análisis forense que busca confirmar si existió una estructura de tráfico de influencias diseñada para beneficiar al entorno familiar del expresidente socialista.
El entramado financiero: De fondos extranjeros a las cuentas de Whathefav
La tesis judicial sitúa a Inteligencia Prospectiva no como una consultora activa, sino como un vehículo instrumental. Según las investigaciones, esta entidad habría servido de puente para canalizar recursos hacia Análisis Relevante, la empresa capitaneada por Julio Martínez Martínez, figura de máxima confianza de Zapatero. El flujo de capitales bajo sospecha no se detiene ahí; los datos fiscales revelan que esta red habría inyectado más de 560.000 euros en Whathefav, la agencia de marketing gestionada por las hijas del exjefe del Ejecutivo.
- Flujos monetarios: Movimientos bancarios que superan los 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025.
- Incoherencias fiscales: Declaraciones de negocio nulas o mínimas frente a gastos millonarios y ampliaciones de capital constantes.
- Administración sospechosa: Gestión a cargo de ciudadanos venezolanos vinculados a tramas de blanqueo internacional.
La sombra de los ‘panas’ y la cooperación de Estados Unidos
La investigación ha cobrado una dimensión trasnacional gracias a la intervención de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). La colaboración de Washington ha sido determinante para descifrar las comunicaciones internas de la organización. En chats grupales identificados como «PU» y «AR», los directivos de la aerolínea se referían a Zapatero con el apelativo de «pana», sugiriendo una cercanía que iba más allá de las relaciones institucionales durante la gestión del rescate público otorgado por el Gobierno.
El juez Calama sostiene que Zapatero podría haber liderado esta arquitectura desde la sombra, coordinando a sus «lacayos» para mover fondos que, presuntamente, terminaban en sociedades off-shore. El informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) respalda esta teoría, destacando que Inteligencia Prospectiva operaba con un déficit financiero alarmante de casi 850.000 euros, una situación que solo se explica bajo una lógica de movimiento de capitales de origen opaco.
Hacia la comparecencia clave de junio
Con este escenario, la Audiencia Nacional ha fijado el próximo 2 de junio como una fecha crítica en el calendario judicial. Rodríguez Zapatero tendrá que comparecer como investigado para responder sobre su presunta implicación en una red que habría movido cerca de dos millones de euros en beneficio propio y de su familia. Mientras la UDEF analiza la documentación incautada en Ferraz, el requerimiento a Inteligencia Prospectiva busca cerrar el círculo sobre una operativa que, según el magistrado, carecía de cualquier lógica comercial legítima.
La defensa del expresidente continúa negando cualquier irregularidad, pero el peso de las pruebas tecnológicas aportadas por HSI y la fiscalización de la Agencia Tributaria sitúan al antiguo líder del PSOE en una posición procesal extremadamente delicada. El análisis de las agendas y los dispositivos intervenidos determinará si el «requerimiento de información» es suficiente para suplir la falta de un registro físico en la sede en obras.