La estrategia parlamentaria de Vox ha tomado un nuevo impulso en el Congreso de los Diputados. El grupo liderado por Santiago Abascal ha formalizado una ofensiva política que busca desmantelar lo que consideran el «fracaso absoluto» de las políticas de género del Ejecutivo actual. A través de una proposición no de ley, el partido exige una auditoría integral del Ministerio de Igualdad, vinculando directamente la inseguridad ciudadana con la gestión migratoria y la ineficacia de las leyes vigentes.
Fiscalización del gasto: la auditoría del Ministerio de Igualdad
Uno de los ejes centrales de la propuesta de Vox es el escrutinio de los fondos públicos. La formación solicita una revisión exhaustiva de los resultados obtenidos por los programas de gasto del Ministerio de Igualdad. El objetivo es identificar aquellas partidas presupuestarias que no han derivado en una protección real para las víctimas, con el fin de redirigir esos recursos hacia medidas de seguridad física y apoyo judicial directo.
Desde la perspectiva de Abascal y su portavoz, Pepa Millán, el enfoque ideológico de la administración ha dejado de lado la eficacia operativa. Denuncian que el aumento de la burocracia no se ha traducido en un descenso de la criminalidad, sino en un sistema que prioriza la narrativa política sobre la seguridad de las mujeres en el espacio público.
Seguridad ciudadana y el factor de la inmigración masiva
El texto registrado en la Comisión de Igualdad establece una conexión explícita entre el deterioro de la convivencia y el fenómeno de la inmigración descontrolada. Vox sostiene que la llegada de culturas que no respetan la dignidad femenina está importando prácticas que eran residuales o inexistentes en la sociedad española contemporánea.
- Persecución de costumbres degradantes: La iniciativa pide tolerancia cero contra la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados.
- Simbología opresora: Se plantea el veto a prendas como el burka y el nicab, considerándolas contrarias a la libertad de la mujer.
- Recuperación del espacio público: El partido pone el foco en zonas urbanas degradadas y transportes donde, según su análisis, la intimidación y las agresiones sexuales han crecido exponencialmente.
Reforma penal y críticas al sistema de protección telemática
La herida abierta por la ley del «solo sí es sí» sigue siendo un argumento central para la formación. Vox reclama una reforma legislativa inmediata para endurecer las penas por delitos sexuales, especialmente cuando las víctimas son menores de edad o cuando se producen agresiones grupales. Buscan que el Código Penal recupere un carácter disuasorio y punitivo que, a su juicio, se perdió con las recientes modificaciones gubernamentales.
Además, la propuesta denuncia la fragilidad tecnológica de los sistemas de vigilancia actuales. Se mencionan específicamente los fallos en las pulseras telemáticas de control para maltratadores. Problemas de geolocalización, falta de cobertura y alertas falsas son señalados como errores críticos que ponen en riesgo la vida de las mujeres que cuentan con órdenes de alejamiento vigentes.
Un cambio de paradigma en las políticas de protección
Para concluir su ofensiva, Vox insta al Gobierno a dotar de mayores recursos a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado y al Poder Judicial. Consideran que la protección real no reside en campañas de sensibilización, sino en la capacidad operativa de los agentes y en una justicia que garantice el cumplimiento íntegro de las condenas.
Con este movimiento, el partido busca forzar un debate sobre la seguridad nacional y los valores culturales, exigiendo que las instituciones abandonen lo que califican como «ideología de género» para centrarse en un modelo de protección basado en el control de fronteras y el rigor penal.