Nuevos requerimientos de la UCO sobre la estructura operativa del PSOE en Ferraz
La sede nacional del Partido Socialista se encuentra nuevamente bajo la lupa de las autoridades judiciales. En esta ocasión, la Unidad Central Operativa (UCO) ha procedido a solicitar formalmente el acceso a diversos expedientes contractuales vinculados a figuras clave dentro del engranaje del partido. El foco de la Guardia Civil se centra específicamente en la relación laboral que la formación habría mantenido con Leire Díez y Gaspar Zarrías, buscando esclarecer la naturaleza de sus funciones y la contraprestación económica recibida.
El enigma de la ‘fontanería’ y la consultoría externa
La figura de Leire Díez, a menudo señalada mediáticamente como una pieza estratégica o ‘fontanera’ en la sombra de la organización, es uno de los ejes centrales de esta petición de información. Los investigadores intentan trazar el rastro de sus servicios en la capital, especialmente tras trascender su papel durante periodos de máxima tensión política. Por otro lado, la investigación también alcanza a Gaspar Zarrías, responsable de la consultora Zaño, cuya actividad ha sido vinculada con la contratación de los servicios de Díez tras encuentros estratégicos en la sede central.
Contradicciones sobre la existencia de registros oficiales
A pesar del requerimiento policial, la respuesta que emerge desde los círculos de confianza de los implicados plantea interrogantes significativos sobre la gestión administrativa y la transparencia del partido en su sede central:
- Se sostiene que no constan contratos formales en los servidores centrales de Ferraz debido a que, presuntamente, no existió una vinculación jurídica directa con la sede nacional durante el periodo investigado.
- El entorno de los señalados matiza que la única relación laboral reglada de Díez se limitó al ámbito autonómico, específicamente en la federación de Cantabria, operando bajo el régimen de trabajadores autónomos para labores de comunicación local.
- La defensa de esta postura sugiere que cualquier actividad realizada en Madrid carecería de un respaldo documental tradicional, lo que dificulta el rastreo de auditoría que pretende realizar la Guardia Civil.
Implicaciones del momento político en la investigación judicial
El interés de la UCO por estos movimientos administrativos parece coincidir con fechas críticas para el Ejecutivo, como los días en los que se produjo el retiro de reflexión del presidente del Gobierno. La coincidencia de reuniones en la calle Ferraz durante aquellas jornadas ha despertado sospechas sobre si se utilizaron canales de colaboración paralelos o si las gestiones se realizaron al margen de los procedimientos de contratación ordinarios de la formación.
Este nuevo escenario de presión judicial obliga al PSOE a clarificar su estructura de asesores externos. La ausencia de documentos físicos o digitales en los servidores centrales, lejos de cerrar el caso, podría abrir nuevas líneas de investigación sobre cómo se financian y organizan los apoyos estratégicos que operan en el corazón de la formación socialista sin dejar un rastro contractual convencional.