El Supremo pone bajo la lupa la gestión municipal de Félix Alonso
La sombra de la prevaricación administrativa alcanza a las filas de Sumar. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido formalizar la investigación contra el diputado Félix Alonso Cantorné, citándolo para declarar el próximo 15 de junio. El foco de la justicia se centra en su gestión como alcalde de Altafulla (Tarragona) durante el periodo comprendido entre 2011 y 2019, donde presuntamente se articularon mecanismos irregulares para la adjudicación de servicios públicos.
El magistrado Vicente Magro, instructor de la causa, busca esclarecer si el actual parlamentario utilizó de forma sistemática la figura de los contratos menores para evitar los controles de publicidad y libre concurrencia. Según los indicios recabados, esta práctica habría permitido la selección arbitraria de proveedores, eludiendo los protocolos de licitación exigidos por la normativa vigente.
Irregularidades en la contratación: el eje del conflicto jurídico
La investigación se origina tras una exposición razonada remitida desde el Tribunal de Instancia de El Vendrell. Las pesquisas apuntan a una relación contractual preferente con las mercantiles Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP. El tribunal sospecha que, bajo el mandato de Alonso, el Ayuntamiento de Altafulla prescindió de cualquier procedimiento legal en ciertos casos, o bien fragmentó servicios para ajustarlos a la adjudicación directa.
Más allá de la posible prevaricación, el Supremo no descarta que el ritmo de la instrucción revele otro tipo de ilícitos penales. La dinámica de facturación detectada para el pago de los servicios prestados por estas empresas sugiere una estructura de gestión que podría esconder irregularidades adicionales, lo que amplía el espectro del riesgo jurídico para el diputado de Sumar en Comú Podem.
Testigos de peso y ramificaciones políticas en Cataluña
El proceso no solo afecta a Félix Alonso, sino que salpica a otras figuras relevantes del panorama político catalán. Entre la docena de testigos citados por el magistrado Magro destacan nombres propios con un perfil institucional elevado:
- Joan Ignasi Elena: Exconseller de la Generalitat y actual diputado por ERC, quien también está bajo la lupa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por hechos relacionados.
- Joan Herrera: Excoordinador de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), cuya vinculación con la trama está siendo analizada por el alto tribunal autonómico debido a su condición de aforado.
La confluencia de estos cargos en la causa subraya la complejidad de una red de decisiones administrativas que ahora la Sala de lo Penal debe desentrañar. La comparecencia de los testigos será crucial para determinar si existió una estrategia coordinada o si se trata de responsabilidades individuales derivadas de una interpretación laxa de la Ley de Contratos del Sector Público.
Un escenario judicial complejo para el diputado de Sumar
Para Félix Alonso, este proceso supone un desafío a su carrera política en un momento de alta sensibilidad para su formación. La acusación de haber permitido una elección arbitraria del adjudicatario choca frontalmente con los estándares de transparencia que se exigen a los cargos electos. El Supremo ha sido contundente al señalar que existen indicios sólidos de una voluntad consciente de esquivar los requisitos legales para beneficiar a terceros.
El próximo 15 de junio, el diputado deberá ofrecer explicaciones detalladas sobre por qué el consistorio que dirigía optó por vías de contratación directa en lugar de promover la competencia pública. De la solidez de sus argumentos dependerá que el caso avance hacia una fase de juicio oral o se archive, aunque por ahora, la causa penal sigue su curso con una carga probatoria que ha sido avalada incluso por la Fiscalía.