El panorama judicial español atraviesa un momento de tensión institucional sin precedentes, donde la frontera entre la instrucción técnica y el juicio mediático parece haberse difuminado. En este escenario, el exjuez Baltasar Garzón ha irrumpido con su obra «La democracia amenazada» (Planeta), un texto que funciona como un manifiesto contra lo que denomina el posfascismo y la degradación de los derechos fundamentales en el proceso penal.
El colapso del secreto de sumario y la indefensión de Zapatero
Una de las tesis centrales que sostiene Garzón es la vulneración sistemática del derecho a la defensa. Tomando como referencia las recientes investigaciones que salpican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el jurista denuncia que la exposición pública de contenidos procesales constituye una anomalía democrática. Según Garzón, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es clara: las actuaciones deben ser reservadas hasta el juicio oral para evitar que el investigado sea «machacado socialmente» antes de tener la oportunidad de declarar.
Para el exjuez, el problema reside en una preocupante inacción de los órganos judiciales para contener las filtraciones. El resultado es una condena de opinión pública que precede a cualquier resolución firme, algo que, a su juicio, invalida la equidad del sistema. Garzón subraya que cuando una persona es juzgada en redes sociales y medios de comunicación basándose en autos no definitivos, el daño a su reputación es irreversible, independientemente del resultado final del proceso.
Análisis del lawfare: ¿Instrumentalización de la justicia en España?
El concepto de lawfare o guerra judicial es otro de los pilares del análisis de Garzón. Lejos de ser una teoría conspirativa, el autor sostiene que existen evidencias de una utilización política de los tribunales. No obstante, matiza que señalar estos casos no supone una descalificación generalizada de la magistratura o la fiscalía, sino una advertencia sobre episodios específicos de instrumentalización.
- El caso del fiscal general Álvaro García Ortiz, cuya condena califica de injusta y carente de sustento probatorio sólido.
- Las decisiones judiciales que afectaron a figuras políticas como Pablo Iglesias, Victoria Rosell o Dolores Delgado.
- La gestión judicial del denominado «procés» en Cataluña.
Garzón argumenta que la justicia debe ser vigilante para no convertirse en una herramienta de desgaste político, advirtiendo que la «apariencia de imparcialidad» es tan necesaria como la imparcialidad misma para mantener la confianza ciudadana en las instituciones.
La tecnocracia policial frente al criterio judicial
Desde su vasta experiencia en juzgados de instrucción, Garzón pone el foco en un fenómeno creciente: la transformación de los informes policiales (UCO o UDEF) en verdades absolutas. El autor critica que se adopten conclusiones categóricas en fases embrionarias de la investigación, especialmente cuando los atestados policiales se redactan con un tono que parece anticipar una sentencia.
El jurista defiende que el papel del juez es valorar críticamente ese material y no mimetizarse con el lenguaje policial. En este sentido, compara diferentes resoluciones de la Audiencia Nacional, señalando que mientras algunas mantienen el tono prudente de una instrucción, otras se aventuran en afirmaciones contundentes que sobrepasan las competencias de esa fase procesal.
Amenazas globales y la asignatura pendiente de la memoria
El libro no se limita al ámbito nacional, sino que conecta la situación española con movimientos globales liderados por figuras como Donald Trump. Garzón identifica una lucha por la hegemonía democrática donde el «posfascismo» utiliza la desinformación y la mentira como armas de combate. Para contrarrestar esta deriva, el autor propone un regreso a los valores éticos y una transparencia radical.
Finalmente, como presidente de la Comisión de la Verdad, Garzón vincula la salud democrática con la memoria histórica. Reivindica la necesidad de que el Gobierno facilite el acceso a archivos clasificados del franquismo, argumentando que una democracia que oculta su pasado está condenada a ver sus cimientos amenazados por la misma opacidad que permitió los crímenes de antaño.
En conclusión, el análisis de Garzón invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de blindar el procedimiento judicial frente a las injerencias externas, asegurando que el derecho a la defensa no sea sacrificado en el altar del espectáculo informativo o la pugna partidista.