El reciente estallido de tensión en el Sáhara Occidental ha vuelto a colocar al Ejecutivo español en una posición de extrema cautela. Tras el ataque ejecutado presumiblemente por drones de Marruecos, que se saldó con la muerte de tres miembros de la estructura saharaui, la respuesta oficial de Madrid se ha articulado en torno a la negación de información contrastada, evitando cualquier tipo de reproche directo hacia el reino alauita.
La estrategia de la cautela institucional ante la crisis
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, actuando como portavoz del Consejo de Ministros, ha defendido una postura de «prudencia» absoluta. Durante su comparecencia, Saiz justificó la falta de una condena explícita alegando que el Gobierno español no dispone todavía de datos oficiales que corroboren la naturaleza y autoría del bombardeo. Esta posición busca blindar las relaciones diplomáticas con Rabat en un momento de especial sensibilidad geopolítica.
El ataque en cuestión ha tenido un impacto simbólico y militar relevante, ya que entre las víctimas se encuentra Lehbib Mohamed Abdelaziz, comandante del Ejército saharaui e hijo del histórico expresidente Mohamed Abdelaziz. La pérdida de un cuadro de este nivel jerárquico representa un duro golpe para el Frente Polisario, que denuncia una campaña de hostigamiento sistemático mediante tecnología aérea no tripulada.
Discrepancias en el seno de la coalición y quejas saharauis
El silencio del ala socialista del Gobierno no ha pasado desapercibido para sus socios de coalición ni para los representantes saharauis en España. Los puntos críticos de esta controversia se resumen en los siguientes ejes:
- Asimetría diplomática: Desde Sumar se ha recordado que el Ejecutivo sí fue contundente al condenar un ataque previo del Polisario en Esmara (que no causó víctimas), contrastando con la pasividad actual ante muertes confirmadas.
- Doble rasero en política exterior: El representante del Polisario en España, Abdulah Arabi, ha señalado que la falta de reacción evidencia una política de «estándares dobles» según quién sea el agresor.
- Obstáculo para la paz: Para la delegación saharaui, estos ataques con drones demuestran que Marruecos no tiene una voluntad real de alcanzar una salida negociada al conflicto que dura ya cinco décadas.
El papel de la ONU en un escenario de creciente hostilidad
En medio de este vacío de condenas, el Gobierno español ha optado por remitirse exclusivamente al marco de las Naciones Unidas. La postura oficial sigue siendo el apoyo incondicional a la labor de Staffan de Mistura, enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental. Precisamente, este diplomático se encontraba realizando una gira por los campamentos de Tinduf en el momento en que se conocieron las consecuencias del ataque marroquí.
Esta dependencia del proceso de la ONU sirve al Ministerio de Asuntos Exteriores para evitar pronunciamientos bilaterales que puedan comprometer la hoja de ruta establecida con Marruecos tras el giro respecto al plan de autonomía. Sin embargo, para los observadores internacionales, el uso creciente de drones en la región amenaza con dinamitar los esfuerzos de mediación de De Mistura antes de que puedan cristalizar en una mesa de diálogo real.
Conclusión: Un equilibrio diplomático cada vez más frágil
La negativa a condenar el ataque pone de manifiesto que, para España, la estabilidad con Marruecos es una prioridad que prevalece sobre las reclamaciones del Frente Polisario. Mientras Madrid apela a la falta de información oficial, la presión de sus socios internos y la realidad del terreno sugieren que el conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo una de las asignaturas pendientes más complejas y emocionalmente cargadas de la agenda exterior española, donde el silencio es, en sí mismo, un mensaje político de gran calado.