El Sistema Nacional de Salud (SNS) atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión política debido al colapso de las negociaciones sobre el nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. La reciente reunión del Consejo Interterritorial ha evidenciado una fractura insalvable entre el Ministerio de Sanidad y la mayoría de las administraciones regionales, dejando en el aire reformas críticas para el sector.
Un Consejo Interterritorial bloqueado y sin consensos
Lo que debía ser una sesión para avanzar en la modernización de las condiciones laborales de médicos y enfermeros se transformó en un punto de ruptura institucional. Los consejeros de sanidad de la mayoría de las comunidades autónomas se negaron a participar en la votación de los puntos clave del orden del día, lo que supuso una enmienda a la totalidad a la gestión de Mónica García.
Entre los temas que han quedado en un limbo administrativo se encuentran:
- La reestructuración de las retribuciones de las guardias médicas.
- La implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas en todo el territorio nacional.
- El marco jurídico que regula la movilidad y carrera profesional del personal sanitario.
El Partido Popular reclama el cese inmediato de la ministra
Ante este escenario, la oposición ha elevado el tono de forma drástica. Desde el Partido Popular califican la situación de «fracaso absoluto» y consideran que la permanencia de García al frente de la cartera de Sanidad es insostenible. Según fuentes de la formación, el anteproyecto de ley presentado carece del apoyo mínimo necesario, no solo de los territorios, sino también de los sindicatos y colegios profesionales.
La crítica de los populares se extiende también a la figura de Salvador Illa y la Generalitat de Cataluña, a quienes acusan de actuar como el único apoyo de conveniencia para intentar sostener la gestión ministerial en un entorno de hostilidad generalizada. Para el PP, la gestión actual es una «agonía» que solo perjudica la estabilidad del sistema sanitario público.
Resistencia en el Ministerio: Acusaciones de bloqueo partidista
Por su parte, la respuesta de Mónica García ha sido de confrontación directa. La ministra ha rechazado cualquier posibilidad de dimisión, alegando que dar un paso atrás supondría una traición a los profesionales del SNS. En un tono contundente, ha señalado a las comunidades autónomas de ejercer una política obstructiva, comparando su actitud con la del «perro del hortelano».
García defiende que su reforma busca blindar los derechos de los trabajadores frente a la precariedad, mientras que las autonomías argumentan que el Ministerio intenta imponer una normativa sin memoria económica y sin respetar las competencias regionales en gestión de recursos humanos.
Hacia un horizonte de movilizaciones sanitarias
El estancamiento del Estatuto Marco no solo tiene consecuencias en los despachos políticos. El malestar se ha trasladado ya a los centros de salud y hospitales, donde diversos colectivos sanitarios ya han anunciado nuevas convocatorias de movilizaciones y paros. La falta de un acuerdo marco estatal deja a los profesionales en una situación de incertidumbre que, según los analistas del sector, podría derivar en una crisis de asistencia sanitaria si no se retoma el diálogo de forma urgente.
La pelota está ahora en el tejado de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a la decisión de mantener su respaldo a una ministra cuya capacidad de interlocución con las comunidades parece haberse agotado definitivamente o buscar una alternativa que permita desbloquear la paz social en la sanidad española.