La parálisis sistémica que sufre la red de Rodalies en Cataluña ha dejado de ser un problema logístico para convertirse en una crisis política de primer orden. En una jornada marcada por la suspensión del servicio debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad ferroviaria, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha lanzado una ofensiva directa contra las cúpulas de gestión estatal y autonómica.
Un cese de funciones «de facto» según Junqueras
Para el dirigente republicano, la situación ha llegado a un punto de no retorno donde las responsabilidades políticas deben asumirse con carácter inmediato. Junqueras sostiene que tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ya han abandonado sus obligaciones en la práctica, aunque no lo hayan formalizado legalmente.
Durante su intervención en la sede de la formación, el presidente de ERC argumentó que la gestión actual se basa más en la búsqueda de excusas coyunturales que en la resolución de los problemas estructurales que arrastra la infraestructura. Según su visión, la inacción y la falta de garantías en las vías equivalen a una dimisión implícita de sus cargos.
La seguridad ferroviaria en el centro del conflicto
El detonante de esta nueva escalada de tensión ha sido la interrupción del tráfico ferroviario este domingo, una medida drástica tomada ante la falta de certezas sobre la integridad de la red. Este escenario pone de relieve varios puntos críticos que ERC denuncia:
- La incapacidad de las administraciones para ofrecer un servicio público fiable a los ciudadanos.
- La desconexión entre la gestión del Ministerio de Transportes y las necesidades reales del territorio catalán.
- La supuesta pasividad de la Conselleria de Territorio ante la degradación progresiva del sistema de Rodalies.
- La falta de un plan de contingencia efectivo que evite el colapso total de la movilidad ferroviaria.
Exigencia de responsabilidades políticas inmediatas
Junqueras ha instado a ambos responsables a ser «consecuentes» con el estado actual de las infraestructuras. La crítica no solo se centra en la avería o el incidente puntual de la jornada, sino en lo que ERC percibe como una dejación de funciones prolongada en el tiempo que afecta directamente a la vida cotidiana de miles de usuarios.
La exigencia de dimisión formal para Puente y Paneque busca señalar la necesidad de un cambio de rumbo en la gestión de las competencias de transporte. Para el independentismo, la situación de Rodalies sigue siendo el ejemplo más palpable de la desinversión estatal y de la urgencia de un traspaso integral que permita una gestión de proximidad más eficiente y segura.
Con este movimiento, Esquerra busca liderar el descontento social por el mal funcionamiento del tren, situando el foco en la gestión compartida entre el Gobierno de España y el nuevo ejecutivo catalán, a quienes acusan de no afrontar el problema en toda su magnitud.