La gestión de la sanidad penitenciaria en España atraviesa un momento crítico que trasciende la falta de recursos para adentrarse en el terreno de la irregularidad administrativa. El Ministerio del Interior, bajo la gestión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha consolidado una dinámica de contratación que elude los requisitos legales básicos para el ejercicio de la medicina pública: la posesión del título de médico especialista (MIR).
El polémico ‘blindaje’ asistencial en el Módulo 13 de Soto del Real
El centro penitenciario de Soto del Real, conocido técnicamente como Madrid V, se ha convertido en el epicentro de esta controversia debido a la relevancia de sus ocupantes actuales. En el módulo trece, donde cumplen prisión preventiva el exministro José Luis Ábalos y su antiguo colaborador Koldo García, la atención médica recae sobre una facultativa que carece de la especialidad exigida por ley.
A pesar de que la normativa española es taxativa al prohibir que médicos sin el MIR realicen labores de diagnóstico y prescripción en el sistema público, esta profesional no solo pasa consulta de forma regular, sino que también gestiona la pauta de medicamentos para los internos del caso mascarillas. Esta situación quedó expuesta tras un incidente en el gimnasio de la cárcel, donde Koldo García sufrió un desvanecimiento. El informe clínico que desaconsejó su traslado posterior a un comparecencia parlamentaria fue firmado, precisamente, por el equipo médico del centro que se encuentra bajo la lupa por su cualificación profesional.
Ingeniería contractual para sortear la legalidad
Para dotar de una apariencia de legalidad a estas incorporaciones, el departamento que dirige Ángel Luis Ortiz ha diseñado un sistema de contratos de interinidad bajo el paraguas de programas preventivos. Oficialmente, estos médicos son contratados para tareas de educación sanitaria, higiene o prevención de enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, la praxis diaria en las prisiones desmiente este propósito inicial.
- Realización de guardias médicas completas sin supervisión de un especialista.
- Diagnóstico de patologías complejas que requerirían conocimientos de medicina interna o psiquiatría.
- Prescripción de fármacos sujetos a estricto control médico en el ámbito hospitalario.
- Equiparación salarial con los facultativos que sí han superado el sistema de residencia, lo que genera un agravio comparativo en el cuerpo de funcionarios.
Un mapa de precariedad que se extiende por toda España
El caso de Madrid no es aislado. La falta de incentivos y las condiciones laborales han provocado que el Ministerio del Interior solo tenga cubiertas el 30% de las plazas médicas previstas en la plantilla orgánica. Con apenas 150 facultativos para atender a una población reclusa de decenas de miles de personas, el sistema se sostiene mediante el uso de estos perfiles sin especialidad en múltiples centros:
- Comunidad de Madrid: Estremera, Valdemoro y Soto del Real.
- Castilla y León: Prisión de Topas en Salamanca.
- Andalucía y Canarias: Centros de Algeciras, Morón y las instalaciones de Tenerife y Las Palmas.
Los profesionales de carrera denuncian que esta «solución de emergencia» precariza la asistencia y genera una grave inseguridad jurídica. Si ocurre una negligencia médica, la responsabilidad podría recaer no solo en el facultativo no titulado, sino también en el personal de enfermería y en las direcciones de los centros que permiten esta práctica a sabiendas de su irregularidad.
Consecuencias de la desatención y el déficit de facultativos
La raíz del problema es económica y estructural. Un médico penitenciario percibe una remuneración significativamente inferior a la de sus homólogos en los Servicios Regionales de Salud, llegando a cobrar apenas 15 euros por hora de guardia. Esta brecha salarial ha provocado una fuga de cerebros constante, dejando las cárceles como un destino poco atractivo para los nuevos licenciados.
En definitiva, la presencia de médicos sin MIR atendiendo a figuras como Ábalos y Koldo García es solo la punta del iceberg de un modelo sanitario que agoniza. La vulneración de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias no solo pone en entredicho la gestión de Instituciones Penitenciarias, sino que compromete el derecho fundamental a una atención sanitaria de calidad para todas las personas privadas de libertad, independientemente de su relevancia mediática o política.