Implicaciones judiciales tras la concesión de fondos públicos en Navarra
El escenario político en la Comunidad Foral se enfrenta a un desafío de transparencia tras la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona. La investigación se centra en la relación contractual entre el Ejecutivo de María Chivite y la mercantil Adentro Construimos, la cual ha recibido un flujo constante de capital público mientras ejecutaba obras privadas de alta sensibilidad para el entorno del PSN. Los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho marcan el ritmo de un proceso que pone bajo lupa la gestión de las sociedades públicas navarras.
La controversia no solo reside en la cuantía total, que asciende a los 1,7 millones de euros, sino en la naturaleza de las adjudicaciones. De los 56 contratos registrados, la inmensa mayoría se tramitaron de forma directa, evitando los mecanismos de control más estrictos que exige la normativa foral. Esta situación ha generado una crisis de confianza institucional, especialmente al revelarse que la misma empresa fue la encargada de rehabilitar tanto la sede central de los socialistas navarros como propiedades privadas de sus dirigentes.
El mecanismo de fragmentación: Cómo se adjudicaron 56 contratos
Una de las claves del caso radica en el posible troceo de contratos para eludir la fiscalización de una Mesa de Contratación. Según la legislación vigente en Navarra, modificada en 2021 para otorgar mayor flexibilidad, las obras que superan el umbral de los 200.000 euros requieren obligatoriamente un concurso público con al menos cinco ofertas competitivas. Sin embargo, la operativa detectada en entidades como NICDO y Nasuvinsa muestra una tendencia a fraccionar los proyectos en importes ligeramente inferiores a dicho límite.
- Obras en Lecároz: Dos contratos específicos de 176.000 y 186.000 euros para platós cinematográficos evitaron el control parlamentario.
- Caso Sendaviva: Adjudicaciones por valor de 800.000 euros que no aparecieron inicialmente en los listados remitidos a la oposición.
- Opacidad administrativa: Vox ha denunciado que el Portal de Contratación solo ofrece datos genéricos, impidiendo el acceso a los expedientes completos y las facturas detalladas.
Vínculos personales y políticos en el centro de la polémica
La red de relaciones entre la constructora y el partido en el poder añade una capa de complejidad al análisis. Adentro Construimos no es una empresa ajena al entorno socialista; es la firma que lidera Carlos Vidaurre, cuyo hijo, Martín Vidaurre, desempeña funciones como asesor parlamentario del PSN. Esta cercanía se materializó también en la reforma de la vivienda de Ramón Alzórriz, quien fuera portavoz parlamentario hasta su reciente dimisión.
La dimisión de Alzórriz, justificada oficialmente por una «pérdida de confianza», se produjo en un contexto de revelaciones sobre el patrimonio personal y la colocación de familiares en entidades vinculadas. La sospecha de que la reforma integral de su domicilio en Pamplona pudiera haber sido beneficiada por su posición política es uno de los ejes que la justicia intenta esclarecer. La disparidad entre los presupuestos declarados y el valor real de las obras ejecutadas por la constructora de confianza del partido es, a día de hoy, una de las incógnitas principales de la instrucción.
Un escenario de opacidad en la gestión de infraestructuras públicas
El papel de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), presidida por la propia María Chivite, es fundamental para entender cómo se canalizaron estos fondos. La falta de transparencia en el reporte trimestral de gastos ha sido señalada como un fallo sistémico que permite la discrecionalidad en la elección de proveedores. Mientras el Gobierno de Navarra defiende la legalidad de los procedimientos, la querella admitida a trámite señala directamente a altos cargos como el consejero José Luis Arasti y el exgerente de Sendaviva, Rubén González.
En conclusión, el caso de la constructora Adentro Construimos trasciende la mera gestión administrativa para convertirse en un debate sobre la ética pública y el uso de las instituciones forales. La resolución de las diligencias previas determinará si el modelo de contratación del Gobierno de Chivite se ajustó al derecho o si, por el contrario, se diseñó una estructura para favorecer a intereses privados vinculados a las siglas del PSN.