El panorama del feminismo institucional en España enfrenta una nueva fractura interna. La reciente decisión del Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, de subvencionar un estudio que califica de discriminatorio el veto al velo islámico en entornos educativos, ha desatado una ola de indignación entre las organizaciones que defienden el feminismo de corte abolicionista y laico. Este desencuentro pone de manifiesto dos visiones contrapuestas: la que prioriza la identidad cultural y la que ve en el hiyab una herramienta histórica de opresión.
El estudio que rompió el consenso: ¿Racismo o control social?
Bajo el título «¡Con eso no! Discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo», el informe elaborado por el Grupo de Análisis sobre Islam en Europa (GRAIS) ha encendido las alarmas. El documento sostiene que prohibir el velo en escuelas e institutos constituye un acto de islamofobia y racismo cultural. Según esta tesis, las normativas de convivencia que restringen símbolos religiosos atentan directamente contra la libertad de las mujeres de origen musulmán.
Sin embargo, para las más de treinta organizaciones denunciantes, este enfoque supone una «trampa ideológica». Argumentan que el estudio ignora deliberadamente el componente patriarcal del velo, presentándolo como una elección puramente estética o religiosa, cuando históricamente ha servido para marcar y segregar los cuerpos de las mujeres. Al financiar este tipo de contenidos, el Instituto de las Mujeres estaría, según las críticas, validando un discurso que perpetúa la desigualdad en lugar de erradicarla.
Las exigencias del bloque feminista a la administración pública
Entidades de peso como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres y el Fórum de Política Feminista han elevado una queja formal exigiendo responsabilidades. Su postura es firme: el Estado no debe utilizar recursos públicos para promover prácticas que colisionan con la autonomía femenina y la neutralidad del espacio educativo. Entre sus principales reclamaciones destacan:
- Transparencia absoluta en los criterios de adjudicación de subvenciones para estudios de género.
- Cese inmediato de la financiación a proyectos que normalicen la imposición de vestimentas religiosas sobre niñas y mujeres.
- Defensa estricta de una escuela pública laica donde los símbolos de control no tengan cabida.
- Reconocimiento de que el velo no es un elemento neutro, sino una barrera hacia la igualdad real.
Un choque entre la interseccionalidad y el laicismo tradicional
Este conflicto no es una anécdota, sino el reflejo de una tensión profunda en el activismo actual. Por un lado, una corriente que abraza la interseccionalidad y teme que la crítica a los símbolos religiosos derive en xenofobia. Por otro, el feminismo clásico que considera que los derechos de las mujeres deben estar por encima de cualquier tradición cultural o creencia teológica.
Las organizaciones firmantes recalcan que su crítica no va dirigida a las mujeres que portan la prenda, sino a las instituciones estatales que, bajo el paraguas del progresismo, terminan legitimando estructuras que vulneran la dignidad de la mujer. La controversia deja al Ministerio de Igualdad en una posición delicada, obligado a elegir entre mantener sus alianzas con los nuevos discursos de diversidad o recuperar el vínculo con el feminismo de raíz ilustrada que reclama una sociedad libre de imposiciones dogmáticas.
En definitiva, el debate sobre el hiyab en las aulas vuelve a la primera línea política, recordándonos que la laicidad y la emancipación femenina son pilares que, para gran parte del movimiento, no admiten concesiones ni matices culturales financiados con dinero público.