El pulso judicial por la permanencia de Álvaro García Ortiz en la carrera fiscal
La ofensiva jurídica de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha dado un nuevo giro estratégico. Tras la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, la representación legal del empresario ha solicitado formalmente que se anule su reincorporación a la actividad profesional dentro del Ministerio Público. Esta petición impugna directamente el decreto del pasado 23 de diciembre, firmado por la fiscal general Teresa Peramato, que facilitó el regreso de su predecesor a una plaza en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo.
El argumento central de este recurso radica en la condición de González Amador como «víctima directa» de las acciones que motivaron la condena. Al considerarse parte perjudicada, su equipo legal reclama el derecho a presentar alegaciones y participar activamente en la ejecución de la sentencia, cuestionando la celeridad con la que la Inspección Fiscal otorgó el visto bueno para que García Ortiz retomara sus funciones como fiscal de carrera.
Incapacidad y normativa: El núcleo del conflicto legal
La controversia no solo gira en torno a la ética institucional, sino que se apoya en una interpretación estricta del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según el recurso interpuesto, García Ortiz incurre en una causa de incapacidad insalvable. La normativa establece que cualquier fiscal condenado por un delito doloso a una pena de prisión o inhabilitación superior a los seis meses debe perder su condición de funcionario público.
En este sentido, la defensa de González Amador subraya varios puntos críticos para sostener la expulsión definitiva:
- La existencia de una pena firme de inhabilitación especial de dos años para el cargo de fiscal general.
- La aplicación del artículo 35 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que vincula la pérdida de la condición de fiscal a la firmeza de sentencias por delitos que afecten al cargo público.
- La imposibilidad de rehabilitación inmediata, dado que los antecedentes penales del ex fiscal general no quedarían cancelados legalmente hasta el año 2029.
La discrepancia entre la sentencia del Supremo y la vía administrativa
El trasfondo de este enfrentamiento reside en los matices de la sentencia original del Tribunal Supremo. Aunque el alto tribunal consideró «excesiva» la idea de que la pena afectara automáticamente a toda su carrera profesional, también aclaró que no le correspondía decidir sobre la continuidad administrativa de García Ortiz como fiscal. Esta ambigüedad técnica permitió que la estructura interna de la Fiscalía General del Estado interpretara el fallo de manera restrictiva, limitando la inhabilitación exclusivamente al puesto de mando y no al ejercicio de la profesión.
Por el contrario, el nuevo recurso insiste en que la gravedad de los hechos —la difusión de datos reservados de un contribuyente— inhabilita moral y legalmente a García Ortiz para ejercer cualquier función de vigilancia de la legalidad. Para el recurrente, la administración ha ignorado deliberadamente las exigencias de responsabilidad penal y civil extinguidas que exige el reglamento para cualquier proceso de reingreso o rehabilitación en el cuerpo.
Un escenario de incertidumbre para el Ministerio Público
La resolución de este recurso podría sentar un precedente histórico sobre la responsabilidad profesional de los altos cargos de la justicia en España. Si los tribunales dan la razón a González Amador, la fiscalía se vería obligada a apartar de forma definitiva a quien fuera su máximo exponente, lo que supondría un golpe sin precedentes a la imagen de la institución.
Mientras se dirime esta batalla en los despachos, el caso subraya la profunda brecha entre la gestión administrativa de los recursos humanos en la justicia y la percepción de impunidad ante delitos cometidos en el ejercicio del poder. La clave final estará en si el interés legítimo del empresario es suficiente para forzar una revisión completa de un decreto que, hasta ahora, ha servido de blindaje profesional para García Ortiz.