La normalización de la violencia a través de actos públicos se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la justicia y las agrupaciones de víctimas en el País Vasco. La tesis es clara y alarmante: cuando se rinden honores a una trayectoria basada en el crimen, se envía un mensaje pedagógico perverso a la juventud. El riesgo no es solo moral, sino preventivo, ante la posibilidad de que este tipo de exaltaciones funcionen como un combustible que termine por reavivar el terrorismo en el futuro.
El peligro de la herencia ideológica y la «chispa» del terror
Durante un reciente proceso en la Audiencia Nacional, el fiscal José Perals ha puesto el foco en las consecuencias a largo plazo de permitir la impunidad en los homenajes a exmiembros de ETA. Según el representante del Ministerio Público, no se trata únicamente de un acto de humillación a quienes sufrieron el terror, sino de una estrategia deliberada para mantener viva una «chispa» que podría volver a incendiar la convivencia. Esta advertencia surge tras analizar discursos de sectores disidentes que, lejos de renegar de la violencia, la siguen bautizando como lucha armada.
El análisis jurídico subraya que ciertos colectivos, como Jardun o Tinko, se distancian de la línea oficial de la izquierda abertzale para reivindicar el legado criminal como una vía legítima de actuación política. Al presentar a los condenados como héroes o referentes sociales, se corre el riesgo de que las nuevas generaciones perciban el terrorismo como un camino válido para alcanzar objetivos soberanistas, despojando al asesinato de su carga de horror.
Radiografía de la exaltación: de los ongi etorri a la actividad de baja intensidad
A pesar de que la presión social y judicial ha logrado reducir significativamente los ongi etorri —esos recibimientos multitudinarios a pie de calle—, la actividad de apoyo a la banda terrorista no ha disminuido, sino que ha mutado. Según los datos recopilados por colectivos como Covite, se ha detectado una tendencia constante en el número de incidentes de enaltecimiento. En el último balance anual consolidado, se contabilizaron 374 actos de apoyo, distribuidos de la siguiente forma:
- Manifestaciones y concentraciones en favor de la amnistía total de los presos.
- Aparición sistemática de pancartas y pintadas en espacios públicos de alta visibilidad.
- Homenajes encubiertos aprovechando las fiestas patronales o eventos populares.
- Actos de recuerdo a terroristas fallecidos en los que se ensalza su «sacrificio».
Esta transformación hacia actos de menor repercusión mediática pero mayor frecuencia cotidiana dificulta la persecución penal. Los organizadores han aprendido a caminar sobre el filo de la legalidad, evitando los elementos más obvios del delito de enaltecimiento para esquivar la acción de los tribunales, mientras mantienen intacto el mensaje de apoyo a la estructura de la banda.
El desafío legal: entre la sanción administrativa y la voluntad política
Ante la complejidad de demostrar el enaltecimiento del terrorismo en actos que se disfrazan de celebraciones populares, las víctimas reclaman un cambio de estrategia. La petición central es la creación de un régimen sancionador específico que permita actuar por la vía administrativa cuando la penal se vea bloqueada. Esto permitiría multar de forma efectiva a quienes promuevan actos que supongan desprecio o humillación para las víctimas.
Sin embargo, la implementación de estas medidas choca frontalmente con lo que las asociaciones denuncian como una alarmante falta de voluntad política. El temor es que el calendario electoral y los pactos de gobernabilidad suavicen la respuesta del Estado frente a una realidad que sigue muy presente en los municipios vascos. La impunidad, advierten, no solo hiere la memoria de los asesinados, sino que fragiliza los cimientos de una sociedad que aún no ha terminado de digerir las consecuencias de décadas de violencia.
Conclusión: el imperativo de la firmeza judicial
La batalla contra el relato de ETA se libra hoy en los tribunales y en las calles. La petición de penas de prisión para quienes organizan pasillos de honor y vítores a convictos por terrorismo es una herramienta necesaria para trazar una línea roja infranqueable. Solo mediante una respuesta judicial contundente se podrá evitar que la apología del crimen se convierta en una tradición aceptable, protegiendo así a las generaciones futuras del retorno a la barbarie.