En el centro del debate sobre la gestión de la catástrofe que asoló Valencia el pasado 29 de octubre, surge una declaración que redefine la percepción de la autoridad en situaciones de crisis. Alberto Javier Martín Moratilla, quien ejercía como director general de Emergencias de la Generalitat Valenciana en el momento de la riada, ha defendido ante la comisión de investigación del Congreso que su figura carecía de competencias ejecutivas para liderar la respuesta operativa durante la jornada crítica.
Un cargo institucional sin mando en el terreno
La estrategia de defensa de Martín Moratilla se ha centrado en una distinción técnica entre el cargo jerárquico y la capacidad de acción real. Según su testimonio, sus funciones habituales estaban delegadas en otros responsables en el momento en que la DANA impactó con mayor fuerza. Mientras la emergencia escalaba, el exdirector asegura que se encontraba inmerso en procesos de negociación administrativa con la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), lo que, a su juicio, lo situaba fuera del núcleo de toma de decisiones estratégicas.
Esta versión de los hechos plantea un escenario de fragmentación de mando en el Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencias). Moratilla describió su presencia allí como un apoyo moral y técnico, pero sin el «botón rojo» de la operatividad, señalando directamente a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias (AVSRE) como el ente que poseía el acceso real a los datos y la autoridad para movilizar los recursos de manera directa.
La gestión de tiempos: de la UME al sistema Es-Alert
Uno de los puntos que mayor controversia ha generado en la comparecencia es la cronología de las alertas. Martín Moratilla sostiene que su intuición profesional le llevó a proponer la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cerca de las 15:00 horas, bajo una premisa de precaución extrema: «es mejor pasarse de más que de menos». Sin embargo, esta solicitud no respondía a una percepción clara de la magnitud del desastre, la cual afirma no haber comprendido hasta altas horas de la noche.
- Activación preventiva: El despliegue de refuerzos militares se solicitó antes de conocer la dimensión real de la inundación.
- Retraso en el Es-Alert: El aviso masivo a los teléfonos móviles ciudadanos no se emitió hasta las 20:11 horas, debido a que el flujo de información técnica no llegó con la celeridad necesaria a los despachos de decisión.
- Falta de datos: El compareciente reiteró que no disponía de acceso directo a los sistemas de monitorización hidrológica que habrían permitido una respuesta más ágil.
Desmentidos sobre la manipulación de información y el futuro político
La comparecencia también sirvió para abordar las acusaciones sobre la supuesta filtración de audios manipulados pertenecientes a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Moratilla negó tajantemente haber tenido acceso o haber distribuido grabaciones editadas con el fin de erosionar la credibilidad del organismo meteorológico nacional. Para el exdirector, estas insinuaciones forman parte de un intento de politización de la tragedia que desvirtúa su trayectoria profesional de más de cuatro décadas.
Asimismo, defendió la integridad de su nuevo puesto como oficial en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Ante las críticas que sugieren que este nombramiento podría ser una recompensa por parte de la administración del Partido Popular, Moratilla reivindicó sus méritos propios y su vocación de servicio, asegurando que su destino laboral era una meta fijada desde el inicio de su carrera y no una dádiva política tras su cese en la Generalitat.
Un sistema que no estuvo a la altura del desafío
La conclusión principal que se desprende de este testimonio es una autocrítica colectiva pero despersonalizada. Martín Moratilla admitió que el dispositivo de emergencia falló en múltiples aspectos y que nadie estuvo a la altura de una catástrofe que superó cualquier previsión establecida. No obstante, al desvincular su cargo de la responsabilidad operativa, deja en el aire una pregunta fundamental para la reconstrucción de los hechos: si el director de emergencias no tenía competencias ese día, ¿quién ostentaba realmente el control total para evitar la tragedia?