La estrategia jurídica del entorno socialista busca frenar la centralización de investigaciones en la Audiencia Nacional. El actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha formalizado su rechazo a que el juez Santiago Pedraz asuma la totalidad de las diligencias abiertas contra Leire Díez. Según el equipo legal del dirigente, la instrucción debe permanecer fragmentada y bajo la supervisión de los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla.
El conflicto de competencias entre Plaza de Castilla y la Audiencia Nacional
El núcleo de la disputa reside en qué órgano judicial posee la potestad para investigar las supuestas maniobras de desestabilización. La defensa de Cerdán argumenta que, al tratarse de presuntos hechos ocurridos íntegramente dentro de la Comunidad de Madrid, no existe justificación para que la causa escale a una instancia superior como la Audiencia Nacional. El recurso presentado cuestiona directamente la decisión de Santiago Pedraz de solicitar al juez Arturo Zamarriego la inhibición de su caso.
Para la representación procesal de Cerdán, el mantenimiento de la causa en el Juzgado de Instancia número 9 de Madrid es una cuestión de rigor jurídico. Sostienen que la proximidad de las sedes públicas implicadas y el ámbito de actuación de los investigados —entre los que figuran, además de Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el comunicador Pere Rusiñol— vinculan el proceso de manera natural a la justicia ordinaria madrileña.
Argumentos para la separación de las tramas política y económica
Uno de los puntos clave en la argumentación de Santos Cerdán es la necesidad de diferenciar temporal y materialmente los hechos investigados. La defensa establece una línea divisoria clara entre dos escenarios distintos:
- Gestión de crisis (2024): Un ámbito que califican como estrictamente político y comunicativo, alejado de infracciones penales graves que competan a la Audiencia Nacional.
- Trama económica (2021): Relacionada con presuntas irregularidades en contratos públicos, la cual consideran un objeto de investigación totalmente independiente del anterior.
Desde esta perspectiva, el intento de unificar ambas ramas bajo el paraguas del denominado grupo Hirurok carecería de base sólida. El recurso insiste en que las acciones de gestión política no pueden ser absorbidas por una investigación sobre defraudación económica, ya que sus naturalezas y cronologías no coinciden.
Implicaciones de la estrategia de defensa de Cerdán
La postura del dirigente socialista no solo busca proteger su situación procesal, sino también establecer un precedente sobre los límites de la Audiencia Nacional en casos que afectan a la gestión de partidos políticos. Al calificar los eventos como «hechos aislados», se intenta evitar la creación de una «macrocausa» que pueda generar un impacto mediático y judicial de mayor calado para el Gobierno y el PSOE.
En definitiva, el recurso de Cerdán plantea un pulso por el control territorial de la justicia. Mientras el magistrado Pedraz busca una visión integral de las presuntas maniobras de Leire Díez, el secretario de Organización socialista apuesta por una justicia de proximidad que desvincule la gestión política de cualquier sospecha de trama económica organizada.