Giro judicial en el Caso Leire: La cúpula de la SEPI bajo sospecha
Un terremoto institucional ha sacudido la gestión de las empresas públicas en España tras la última resolución de la Audiencia Nacional. El magistrado Santiago Pedraz ha decidido ampliar el foco de su investigación, citando como investigada a Belén Gualda, actual presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Esta decisión no es aislada, ya que el juez ha atendido las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a un total de 25 cargos públicos, detectando lo que describe como sólidos indicios de criminalidad en la gestión de fondos y contratos estatales.
La investigación se centra en una presunta red clientelar que habría operado entre los años 2021 y 2023. Entre los nuevos nombres que figuran en el proceso judicial destacan José Vicente Berlanga, quien estuviera al frente de Enusa, y Rosario Arévalo, ex responsable de Medio Ambiente en la administración castellanomanchega. La tesis judicial apunta a que se orquestó un sistema para desviar capitales públicos y favorecer a determinadas entidades a través de influencias políticas de alto nivel.
El entramado ‘Hirurok’ y la estructura paralela de poder
El núcleo de la trama, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, residía en un grupo denominado internamente como Hirurok (término que significa «nosotros tres» en euskera). Este grupo habría estado integrado por figuras clave como Leire Díez, el anterior presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Joseba Antxon Alonso. Presuntamente, estos actores crearon una arquitectura administrativa paralela a la oficial para gestionar rescates y contratos públicos que superan los 132 millones de euros.
- Mediación estratégica: Uso de conexiones políticas para agilizar expedientes administrativos.
- Beneficio económico: Se estima que los cabecillas de la trama habrían obtenido réditos cercanos a los 750.000 euros por su labor de intermediación.
- Jerarquía política: El magistrado señala una posible tutela de estas actividades desde esferas superiores del partido en el Gobierno, apuntando a una relación jerárquica que facilitaba estas operaciones.
La sombra sobre el rescate de Tubos Reunidos
Uno de los episodios más polémicos que analiza el juzgado es la inyección de 112,8 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2021. La investigación sugiere que esta ayuda no fue puramente técnica, sino que estuvo precedida de intensas negociaciones en las que habrían participado fuerzas políticas como el PNV y contactos directos con el Palacio de la Moncloa. Se sospecha que por esta gestión concreta, la red investigada pudo haber percibido comisiones que rondan los 247.000 euros.
El auto judicial subraya la rapidez con la que se movieron los hilos tras contactos entre socios de la trama y representantes políticos, sugiriendo que la actual presidenta de la SEPI pudo tener un papel activo en la agilización de estos procesos tras ser convocada a reuniones de alto nivel. La instrucción busca ahora determinar si la autonomía de los organismos públicos fue vulnerada para satisfacer intereses particulares y partidistas bajo la apariencia de legalidad administrativa.
Este procedimiento, que todavía se encuentra en fase de ampliación, pone en entredicho los mecanismos de control interno de la administración pública y la transparencia en el uso de los fondos de rescate industrial en momentos críticos para la economía española.