La integridad del sistema electoral español se enfrenta a un nuevo desafío en los tribunales y organismos internacionales. La plataforma Hazte Oír ha activado una maquinaria legal de gran alcance para cuestionar las implicaciones de la denominada Ley de Nietos (dentro de la Ley de Memoria Democrática), argumentando que el actual proceso de concesión de nacionalidades podría comprometer la limpieza de los próximos comicios. La ofensiva no solo se queda en territorio nacional, sino que busca el amparo de la Unión Europea para auditar un censo exterior que no deja de crecer.
Bruselas y la JEC: Dos frentes contra el crecimiento del CERA
La estrategia jurídica se ha desplegado de forma simultánea en dos niveles. Por un lado, la Junta Electoral Central (JEC) ha recibido una solicitud formal para aplicar medidas cautelares que paralicen las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La organización sospecha que el flujo masivo de nuevos nacionalizados carece de los controles de vinculación municipal necesarios, lo que podría desvirtuar la proporcionalidad del voto.
A nivel continental, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ya ha acusado recibo de la denuncia. Hazte Oír ha respaldado esta acción con un volumen de 50.000 firmas ciudadanas, buscando que las instituciones europeas vigilen si España está cumpliendo con los estándares de transparencia democrática que se exigen a los Estados miembros.
El riesgo de una manipulación censal antes de 2027
El núcleo de la queja reside en una visión a largo plazo. Según los letrados de la organización, el objetivo de la actual administración no sería simplemente el voto inmediato de los nuevos ciudadanos, sino la creación de una base de datos electoral «activable» según las necesidades políticas. Advierten que, si no se interviene ahora, las elecciones generales de 2027 podrían nacer con una sospecha de manipulación estructural.
Entre las demandas específicas presentadas ante las autoridades electorales destacan:
- Una auditoría integral e independiente del censo de españoles en el extranjero.
- La paralización de altas que no acrediten un vínculo municipal real y verificable en España.
- Nuevas instrucciones técnicas para los consulados encargados de tramitar los expedientes de nacionalidad.
Saturación consular y el precedente de la regularización de inmigrantes
Esta batalla legal no es un hecho aislado. La organización vincula estas posibles irregularidades con su reciente recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes. En ambos casos, sostienen que se está orquestando una alteración de la demografía electoral que choca frontalmente con la normativa de la Unión Europea.
La preocupación por el desbordamiento administrativo es compartida por otras formaciones como Iustitia Europa. Datos recientes indican que el censo exterior ha superado la barrera de los 3,2 millones de electores a principios de 2024, lo que supone un incremento superior al 5% en un solo año. Países con gran volumen de solicitudes como Argentina, Brasil o Cuba estarían experimentando una presión que, a juicio de los denunciantes, impide a los consulados realizar una fiscalización rigurosa de cada alta.
Hacia una defensa de la «pureza del censo»
Para los equipos jurídicos implicados, como los dirigidos por Javier María Pérez-Roldán, estas acciones son solo el comienzo de una cadena de medidas judiciales destinadas a proteger lo que denominan la «pureza del censo». Rechazan frontalmente que se trate de teorías sin fundamento y apelan a la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) para exigir que la JEC ejerza su función de supervisora máxima.
En definitiva, el conflicto trasciende la gestión administrativa de la memoria histórica para entrar de lleno en el debate sobre la seguridad jurídica del sistema de votación español. La decisión de las autoridades europeas y de la Junta Electoral marcará el camino de una legislatura donde el control del censo se ha convertido en el nuevo campo de batalla política.