El espaldarazo institucional de Hacienda a la directiva de la SEPI
En un contexto marcado por la presión parlamentaria, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha cerrado filas en torno a la figura de Belén Gualda, actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Durante su reciente intervención en la Cámara Alta, el titular de la cartera económica no ha escatimado en elogios, calificando a Gualda como una «magnífica servidora pública» cuya competencia profesional está por encima de cualquier coyuntura procesal. Esta defensa pública surge en un momento crítico, buscando blindar la reputación de la entidad frente a los ataques de la oposición.
Solidez financiera frente a la incertidumbre legal
Más allá de las valoraciones personales, el ministro ha sustentado su apoyo en el rendimiento económico que ha experimentado la SEPI bajo la actual dirección. Los datos presentados revelan una gestión que el Gobierno califica de exitosa, destacando hitos financieros que contrastan con el ruido mediático de los tribunales:
- Beneficios netos: El ejercicio cerró con un superávit de 130 millones de euros.
- Ingresos históricos: Se han alcanzado cifras de facturación récord en el histórico de la sociedad estatal.
- Recuperación de capital: De los 2.600 millones de euros inyectados en préstamos de solvencia, ya se han retornado a las arcas públicas 1.754 millones.
- Intereses generados: El mecanismo de ayudas ha aportado 340 millones adicionales en concepto de intereses.
El origen del conflicto: El ‘caso Leire Díez’
La controversia que ha llevado a Belén Gualda ante la justicia emana de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha incluido a la presidenta de la SEPI en la investigación del denominado ‘caso Leire’. Este procedimiento judicial intenta desentrañar una presunta red liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, cuya finalidad habría sido interferir en investigaciones judiciales que pudieran comprometer los intereses del Ejecutivo central y del PSOE.
Ante las preguntas de los senadores sobre cómo afecta esta imputación judicial a la credibilidad de la SEPI, Arcadi España ha optado por separar la gestión operativa de los procesos de instrucción. Para el ministro, los resultados son el mejor argumento frente a lo que denomina «ruido y furia», asegurando que el funcionamiento de los mecanismos de rescate ha sido impecable desde el punto de vista administrativo.
Un sistema de rescate bajo vigilancia internacional
Uno de los pilares de la defensa de Hacienda reside en la multilateralidad de la supervisión. El ministro ha recordado que cada operación ejecutada por la SEPI no solo ha pasado por el filtro de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sino que ha contado con el escrutinio de organismos de máximo nivel en el ámbito europeo y nacional:
- La Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
- El Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado la legalidad de los procedimientos.
- Protocolos de transparencia que garantizan la equidad en el reparto de fondos de solvencia.
En conclusión, el Gobierno mantiene una postura de confianza absoluta en la directiva de la SEPI. Pese a que el avance de la instrucción del juez Pedraz marcará el ritmo político de los próximos meses, el Ministerio de Hacienda insiste en que la profesionalidad absoluta de Belén Gualda es el motor que ha permitido salvaguardar el tejido empresarial estratégico del país en momentos de máxima vulnerabilidad económica.