El escenario jurídico para José Vélez, exsecretario regional del PSRM-PSOE, ha dado un giro inesperado. La Audiencia Provincial de Murcia ha decidido que el carpetazo previo a las investigaciones sobre su gestión en el municipio de Calasparra fue, cuanto menos, precipitado. Esta resolución judicial reactiva las pesquisas sobre una etapa administrativa marcada por la sospecha, específicamente durante el periodo comprendido entre 2014 y 2020, cuando Vélez ostentaba la alcaldía.
La tesis del fraccionamiento: Evitar la libre concurrencia
El núcleo de la controversia reside en una práctica administrativa bajo sospecha: el fraccionamiento de contratos públicos. Según los indicios que han llevado a la reapertura de la causa, se sospecha que desde el consistorio se pudo haber «troceado» de manera deliberada diversos servicios y suministros. El objetivo de esta maniobra habría sido reducir el importe de los contratos para que no superaran los umbrales legales, permitiendo así su adjudicación directa y evitando la concurrencia pública.
Este procedimiento, denunciado inicialmente por el PP de Calasparra, no solo es una irregularidad administrativa, sino que podría constituir un presunto delito de prevaricación. La Audiencia considera que los indicios de criminalidad que motivaron la denuncia inicial no se han desvanecido, invalidando así el sobreseimiento que previamente había dictado el juzgado de Instrucción de Caravaca de la Cruz.
Un historial de archivos por motivos técnicos
Para comprender el calado de esta reapertura, es necesario observar el contexto procesal de Vélez en los últimos años. No es la primera vez que su gestión se enfrenta al escrutinio de los tribunales, aunque hasta ahora, las resoluciones se habían decantado por el archivo basándose en cuestiones de forma más que de fondo:
- La Feria del Arroz: En 2025, se archivó una causa relacionada con los festejos taurinos de 2017 y 2019.
- Plazos de instrucción: Aquel cierre no se debió a la inexistencia de irregularidades, sino a que el tribunal consideró que se habían superado los tiempos legales para llamar a declarar a los investigados.
- Recurso de Casación: La Fiscalía no se ha conformado con dicho cierre técnico y ha llevado el caso ante el Tribunal Supremo, cuya resolución aún está pendiente.
Impacto político y nuevas perspectivas judiciales
La reactivación de esta causa supone que la justicia deberá ahora entrar a valorar el fondo de la contratación en Calasparra. A diferencia de otros procesos que se cerraron por caducidad de los plazos, en este caso la Audiencia Provincial subraya la necesidad de agotar la investigación ante la gravedad de los indicios presentados. Los denunciantes sostienen que la normativa de contratación administrativa fue vulnerada de forma sistemática, afectando a la transparencia que debe regir cualquier institución pública.
En conclusión, el futuro procesal de José Vélez vuelve a estar en el aire. Con esta decisión, la Audiencia de Murcia envía un mensaje claro sobre la importancia de fiscalizar la gestión de los fondos públicos, impidiendo que el archivo de expedientes se convierta en la norma cuando aún existen dudas razonables sobre la legalidad de los contratos otorgados durante su mandato municipal.