La trayectoria judicial de Isabel García ha dado un giro decisivo tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata de citarla en calidad de investigada. Quien fuera la máxima responsable del Instituto de las Mujeres hasta el pasado verano deberá rendir cuentas ante la justicia por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones irregulares. El procedimiento, que también afecta a su pareja, Elisabeth García, se centra en el rastro dejado por diversos contratos públicos destinados a la instalación y gestión de los denominados puntos violeta en la Comunidad Valenciana.
Un entramado de consultoras bajo sospecha judicial
El núcleo de la investigación reside en la actividad de dos sociedades mercantiles: Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e Imber Consultoría de Igualdad. Según las pesquisas iniciales, estas empresas habrían acaparado decenas de contratos menores de forma sistemática. La fiscalización de estas operaciones apunta a un posible esquema de corrupción institucional donde se habrían cometido delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.
Se estima que el volumen total de la facturación bajo sospecha asciende a unos 250.000 euros. La mayoría de estas adjudicaciones proceden de consistorios gestionados por coaliciones del PSOE y Compromís, lo que ha levantado suspicacias sobre el uso de la influencia política de García para asegurar el éxito comercial de sus empresas privadas mientras ocupaba cargos de relevancia pública.
- Análisis de más de 64 expedientes de contratación pública.
- Investigación de las cuentas bancarias de las mercantiles implicadas.
- Requerimientos de documentación a múltiples ayuntamientos valencianos.
- Evaluación de la coincidencia temporal entre los cargos públicos y las adjudicaciones.
El polémico origen de los contratos de puntos violeta
Los puntos violeta son herramientas de sensibilización y atención inmediata contra la violencia machista en espacios de ocio. Sin embargo, en este caso, se habrían convertido en el vehículo para una presunta red de clientelismo. La investigación trata de dirimir si la especialización de García en políticas de género fue utilizada de manera ilegítima para copar un mercado financiado con fondos públicos, saltándose presuntamente los principios de concurrencia y transparencia.
La controversia alcanzó su punto álgido en julio de 2024, cuando la ministra de Igualdad, Ana Redondo, procedió al cese fulminante de García. Este movimiento se produjo poco después de que las informaciones periodísticas revelaran el vínculo directo entre la dirección del organismo estatal y los beneficios obtenidos por las empresas de su entorno familiar.
Vínculos políticos y antecedentes en el Ministerio de Transportes
La figura de Isabel García no es nueva en las esferas de poder vinculadas al socialismo valenciano. Su ascenso político estuvo estrechamente ligado a José Luis Ábalos, llegando a formar parte de su equipo de confianza en el Ministerio de Transportes entre 2019 y 2022. Esta relación previa ha puesto el foco sobre cómo se forjan las redes de contactos que, posteriormente, facilitan la obtención de licitaciones en diversas administraciones locales.
Cabe recordar que García ya tuvo que sortear obstáculos legales en el pasado, relacionados con la gestión de subvenciones deportivas, lo que en su momento llegó a apartarla temporalmente de las listas electorales. No obstante, su perfil como experta en feminismo institucional le permitió recuperar terreno político hasta alcanzar la dirección del Instituto de las Mujeres, cargo que finalmente perdió por el escándalo que ahora investiga el juzgado de Mislata.
La estrategia de la defensa y el futuro del procedimiento
Desde el entorno legal de la investigada se ha solicitado reiteradamente el sobreseimiento de la causa, argumentando que las acusaciones se basan en conjeturas sin base probatoria sólida. La defensa sostiene que la actividad de las empresas fue legítima y que no hubo intervención directa de García en los procesos de selección de los ayuntamientos.
Pese a estas alegaciones, la Audiencia Provincial ha dado luz verde para que la instrucción continúe, considerando que existen indicios suficientes para profundizar en el análisis de las adjudicaciones. La comparecencia de Isabel García ante el magistrado marcará el inicio de una fase crítica donde se determinará si el modelo de negocio de los puntos violeta fue una herramienta de igualdad o, por el contrario, un mecanismo de enriquecimiento ilícito a costa del erario público.