La estabilidad institucional en Móstoles se enfrenta a un escenario de incertidumbre judicial tras la reciente decisión de la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2. El actual regidor, Manuel Bautista, perteneciente al Partido Popular, ha sido citado formalmente para declarar en calidad de investigado el próximo 9 de octubre. Este procedimiento se deriva de una querella presentada por una antigua compañera de filas, quien acusa al alcalde de delitos que afectan a la libertad sexual y a la integridad profesional.
La contundencia judicial frente a los recursos de la defensa
A pesar de los intentos de la defensa de Bautista por frenar el proceso, la justicia ha mostrado una postura firme. El alcalde intentó impugnar el auto de admisión de la querella, argumentando que no existían elementos constitutivos de delito en los hechos relatados. No obstante, la magistrada ha sido tajante al desestimar este recurso, subrayando que los indicios presentados poseen una clara relevancia penal y encajan en los tipos delictivos recogidos en el Código Penal vigente.
Esta decisión no solo valida la necesidad de investigar a fondo lo sucedido, sino que abre una fase de instrucción donde se analizarán pruebas de gran calado. La jueza considera «perfectamente procedente» continuar con las actuaciones, marcando una hoja de ruta donde la comparecencia del investigado será un punto de inflexión para el futuro político de la localidad madrileña.
Testigos clave: el entorno del Ayuntamiento bajo el foco
El proceso judicial no se limitará únicamente al testimonio de las partes enfrentadas. Se ha acordado la citación de cinco figuras que podrían aportar luz sobre el ambiente laboral y los sucesos denunciados. Entre los testigos propuestos por la acusación destacan perfiles que conocen de cerca la gestión interna del consistorio:
- Raúl Gallego Parrondo: Exconcejal que abandonó su acta de manera voluntaria tras manifestar públicamente su respaldo a la denunciante, un gesto que en su momento ya generó un fuerte seísmo interno.
- David Zamorano: Antiguo responsable de comunicación de la institución, cuya perspectiva sobre el manejo de las crisis internas y el trato diario es considerada de alto valor para la instrucción.
- Otros tres perfiles del entorno administrativo y político que habrían presenciado el deterioro de la relación profesional tras el presunto rechazo de las proposiciones sexuales.
Análisis de la querella: del acoso sexual a la represalia laboral
El relato de la exedil describe una estructura de comportamiento que comenzó, presuntamente, con insinuaciones de carácter sexual reiteradas en tres ocasiones distintas. Según la denuncia ratificada el pasado mes de junio, la negativa de la mujer a acceder a estas proposiciones desencadenó una maquinaria de hostigamiento profesional. Lo que comenzó como un conflicto interpersonal habría derivado en un presunto acoso laboral sistemático, diseñado para forzar la salida de la concejala o minar su integridad moral.
Además de la responsabilidad directa del alcalde, la querella apunta hacia una presunta omisión del deber de socorro por parte de la estructura del Partido Popular. La denunciante afirma haber puesto en conocimiento de la dirección regional los hechos de manera interna, sin recibir el amparo esperado. Por el contrario, asegura haberse sentido bajo presión por parte de los interlocutores designados por el partido para «gestionar» el escándalo, lo que ha llevado a que la formación también figure en el centro de las diligencias por su falta de intervención.
Cronología de un conflicto que escala a la sede judicial
El origen formal de esta causa se remonta a mediados de febrero, aunque las diligencias más significativas comenzaron a tomar velocidad en abril. El 29 de junio fue una fecha determinante, cuando la víctima prestó declaración durante más de tres horas, aportando detalles sobre las supuestas coacciones y lesiones psicológicas derivadas de la situación.
El regidor mostoleño ha mantenido una postura de negación absoluta desde que el caso saltó a la esfera pública. Sin embargo, su defensa judicial deberá ahora enfrentarse a una instrucción que parece avanzar hacia el esclarecimiento de delitos graves, que incluyen desde la revelación de secretos hasta delitos contra la integridad moral. El 9 de octubre no será solo una cita en el calendario judicial, sino la prueba de fuego para una administración local que se encuentra bajo la sombra de la sospecha criminal.