La Audiencia Nacional ha vivido una jornada intensa de declaraciones en el marco de la investigación sobre el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. En esta sesión, el testimonio de Marc Pons, quien fuera mano derecha de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica, ha centrado la atención al admitir la existencia de vínculos directos con Koldo García, aunque tratando de levantar un muro de contención frente a las sospechas de favoritismo hacia la empresa Villafuel.
Marc Pons y la barrera ante las licencias de Villafuel
Durante su comparecencia en calidad de testigo, el actual diputado socialista ha reconocido que mantuvo entre cuatro y cinco encuentros con el que fuera asesor de José Luis Ábalos. A pesar de esta cercanía, Pons ha sido tajante al desvincular estas reuniones de cualquier gestión administrativa relacionada con la concesión de licencias para operar en el mercado de combustibles. Según su versión, los contactos no se tradujeron en un trato de favor para la red supuestamente liderada por Víctor de Aldama.
El origen de esta relación, según ha relatado ante el juez, se remonta a una cumbre ministerial donde coincidieron Ribera y Ábalos. A partir de ahí, Koldo García habría intentado ejercer su influencia enviando capturas de pantalla y solicitando apoyo logístico para facilitar la entrada de Villafuel en el sector, una petición que, según el testimonio de Pons, nunca llegó a concretarse en acciones de gobierno reales.
Silencio procesal y ausencias por causas meteorológicas
No todos los protagonistas citados han aportado claridad al caso en esta jornada. El panorama judicial se ha visto condicionado por dos factores: el silencio de los investigados y las inclemencias del tiempo. Estos han sido los puntos clave de la actividad en la sede judicial:
- Claudio Rivas: El empresario y socio de Aldama, considerado pieza fundamental en la estructura de Villafuel, ha optado por su derecho a no declarar en este momento procesal.
- Juan Ignacio Díaz Bidart: El exjefe de Gabinete de Reyes Maroto no ha podido personarse en la Audiencia Nacional, justificando su ausencia por las complicaciones derivadas del temporal de nieve.
- Colaboración judicial: La sombra de Víctor de Aldama sigue planeando sobre la causa, especialmente tras su reciente puesta en libertad provisional tras aceptar colaborar con los investigadores.
Un fraude millonario bajo la lupa de la UCO
La investigación liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dibuja un escenario de corrupción sistémica con un impacto económico devastador. Las pesquisas apuntan a un fraude fiscal que alcanzaría los 231 millones de euros, ejecutado a través de una estructura societaria diseñada específicamente para eludir el pago de impuestos en el sector de los hidrocarburos.
Los investigadores sostienen que Aldama y Rivas actuaban como los cerebros de una trama jerarquizada que aprovechaba sus conexiones políticas para agilizar trámites administrativos en diversos ministerios. El dinero evadido, según los informes de inteligencia financiera, habría sido canalizado hacia paraísos fiscales y cuentas en países como China, Portugal y Colombia, lo que complica el rastreo de los fondos y la recuperación de los activos defraudados.
Perspectiva política y futuro de la causa
La admisión de encuentros por parte de cargos públicos como Marc Pons pone de relieve la porosidad de las instituciones ante figuras como Koldo García. Aunque Pons intenta blindar su gestión asegurando que no hubo irregularidades, el hecho de que se produjeran estos contactos tras solicitudes explícitas de ayuda para una operadora de hidrocarburos mantiene el foco sobre los protocolos de transparencia en los ministerios de Industria y Transición Ecológica.
El procedimiento judicial continuará con la declaración de nuevos implicados, con la expectativa puesta en lo que pueda aportar Víctor de Aldama en sus próximas intervenciones, lo que podría dar un giro definitivo a la comprensión de cómo funcionaba el engranaje de poder y dinero que rodeaba a Villafuel.