Un giro defensivo: Mercedes González se distancia de la cúpula del PSOE
La comparecencia de Mercedes González ante la Audiencia Nacional ha marcado un punto de inflexión en el denominado caso Leire. Lejos de asumir una responsabilidad compartida, la actual directora de la Guardia Civil ha optado por una estrategia de ruptura total, posicionándose no como cómplice, sino como una damnificada más de las maniobras de Santos Cerdán. Ante el magistrado Santiago Pedraz, González ha insistido en que su relación con la trama fue producto de un engaño y que se siente «utilizada» por el entorno del exsecretario de Organización socialista.
Esta declaración busca desactivar las acusaciones de prevaricación administrativa que pesan sobre ella. Durante el interrogatorio, la responsable del Instituto Armado subrayó que, de haber conocido las verdaderas intenciones de Leire Díez y su supuesta capacidad de influencia en nombre del partido, nunca habría permitido los encuentros que hoy están bajo la lupa judicial. Al definirse como parte del «listado de víctimas» de Cerdán, González intenta desvincular la gestión institucional de la Benemérita de los intereses partidistas que investiga la UCO.
La presión sobre la UCO: ¿Investigación interna o coacción?
El núcleo de la investigación judicial reside en determinar si la cúpula de la Guardia Civil utilizó las informaciones reservadas como un mecanismo para amedrentar a la Unidad Central Operativa (UCO). La Fiscalía Anticorrupción mantiene una tesis severa: los expedientes disciplinarios no buscaban la excelencia administrativa, sino generar un efecto intimidatorio sobre los agentes que lideraban pesquisas sensibles para el Gobierno y el PSOE.
Para sostener este argumento, el Ministerio Público se apoya en las declaraciones de mandos veteranos como los generales Yuste y López Malo. Estos testimonios sugieren que la apertura de expedientes por presuntas filtraciones a la prensa fue, en realidad, un «instrumento de intimidación». El hecho de que estas acciones administrativas coincidieran cronológicamente con las investigaciones que afectaban a figuras del entorno socialista refuerza la sospecha de una interferencia deliberada en las funciones de la Policía Judicial.
Encuentros bajo sospecha y la tesis de la ocultación
Uno de los puntos más críticos para Mercedes González es la contradicción sobre sus reuniones con Leire Díez. La investigación ha confirmado al menos tres citas en la sede central de la Guardia Civil entre finales de 2024 y principios de 2025. Sin embargo, los mandos de la UCO sostienen que González ocultó esta relación de manera sistemática. Incluso cuando fue advertida formalmente de la existencia de una red que intentaba desacreditar a la unidad de élite, la directora no mencionó sus contactos personales con la principal sospechosa.
- Reuniones detectadas los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024.
- Un tercer encuentro registrado el 2 de abril de 2025.
- Comunicaciones vía WhatsApp mantenidas incluso después de las alertas internas sobre la trama.
La acusación pone el foco en que, mientras la directora escenificaba un apoyo público a la UCO —llegando a involucrar al ministro Grande-Marlaska en reuniones de respaldo—, mantenía canales abiertos con las personas que supuestamente orquestaban la campaña contra los investigadores. Esta dualidad es la que ha llevado a la Fiscalía a cuestionar la veracidad de su testimonio de «ignorancia» sobre los planes de Díez y Cerdán.
El papel de la cúpula operativa: La versión de Manuel Llamas
Por su parte, el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, ha ofrecido una versión radicalmente distinta en la Audiencia Nacional. Llamas defiende que los procesos sancionadores son rutinarios y necesarios para corregir malas praxis. En su argumentación, introdujo un elemento de conflicto interno, atribuyendo las denuncias de los generales de la UCO a una vendetta personal derivada de la falta de sintonía con la dirección actual del Cuerpo.
Llamas incluso justificó expedientes polémicos, como el abierto por la inclusión del correo electrónico de Begoña Gómez en un informe judicial. Según el teniente general, este tipo de errores pueden comprometer datos personales sensibles, incluso del presidente del Gobierno, y por tanto requieren una supervisión exhaustiva. Esta postura refuerza la división interna en la Guardia Civil, enfrentando a la cúpula política y operativa contra los mandos de las unidades especiales de investigación.
En conclusión, el escenario judicial deja a Mercedes González en una posición de extrema vulnerabilidad política. Su estrategia de señalar a Santos Cerdán como el artífice de su situación no solo fractura la cohesión interna del socialismo en el ámbito de la seguridad, sino que obliga a la justicia a dirimir si la directora fue una colaboradora necesaria o, como ella sostiene, un peón sacrificable en una partida de ajedrez político mucho más profunda.