La presión judicial y administrativa sobre la gestión de fondos públicos en la Diputación de Badajoz escala un nuevo peldaño. El Partido Popular ha formalizado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra David Sánchez, hermano del actual presidente del Gobierno, solicitando la restitución de una cifra que roza el medio millón de euros. La formación alega que las retribuciones percibidas por el músico —conocido artísticamente como David Azagra— carecen de justificación real ante la falta de desempeño efectivo de sus funciones en la provincia extremeña.
Un menoscabo económico superior al medio millón de euros
El escrito presentado por la portavocía popular no se limita a cuestionar la idoneidad del cargo, sino que cuantifica un perjuicio patrimonial directo para las arcas públicas. Los cálculos provisionales remitidos al órgano fiscalizador dividen el impacto económico en varios bloques críticos que afectan a la tesorería provincial:
- 416.798,82 euros correspondientes exclusivamente a la etapa de David Sánchez, sumando salarios brutos y cotizaciones sociales desde el año 2017.
- 113.200,76 euros derivados de la plaza ocupada por su sucesor, Luis María Carrero, tras el cese de Sánchez.
- Un impacto global de 529.999,59 euros que el PP califica como un «menoscabo provisional» que debe ser reintegrado.
La discrepancia entre el contrato y la realidad funcional
Uno de los puntos más polémicos de la denuncia reside en la supuesta ausencia de actividad presencial en Badajoz. Según los indicios recabados y las valoraciones previas de la Audiencia Provincial, el puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas habría sido una estructura creada «ad hoc». El PP sostiene que no existe una correlación lógica entre la justificación administrativa de la plaza y las tareas que David Sánchez desempeñó realmente.
El análisis jurídico presentado sugiere que el investigado centró sus esfuerzos de manera casi exclusiva en el programa ‘Ópera Joven’, desatendiendo las responsabilidades de coordinación técnica que exigía su contrato. Esta situación obligó a otros profesionales de la Diputación de Badajoz a asumir funciones que, sobre el papel, estaban asignadas y remuneradas al hermano del jefe del Ejecutivo.
Hacia una depuración de responsabilidades contables
La estrategia del Partido Popular busca ahora que el Tribunal de Cuentas determine si hubo una gestión negligente o dolosa de los recursos públicos. La denuncia no solo señala al perceptor de los sueldos, sino que apunta directamente a los responsables institucionales que autorizaron la creación, modificación y mantenimiento de dichos puestos de trabajo entre los años 2017 y 2025.
En este sentido, la petición formal incluye la exigencia del reintegro de las cantidades mencionadas, además de los intereses legales devengados. Para los populares, el hecho de que la plaza fuera modificada posteriormente para convertirse en una «Jefatura de Oficina» solo refuerza la tesis de que el diseño administrativo fue mutando para blindar la situación laboral de Sánchez, a pesar de las dudas sobre su residencia efectiva y su presencia física en su puesto de trabajo.
El impacto de la sentencia de la Audiencia Provincial
Este movimiento ante el Tribunal de Cuentas se apoya en los hechos que la Audiencia Provincial de Badajoz ya consideró probados en instancias anteriores. La tesis de la acusación se refuerza al recordar que la justicia ya ha puesto en duda la realidad funcional de la plaza. Con este nuevo frente, se busca cerrar el círculo de la responsabilidad contable, obligando a los implicados a responder con su patrimonio personal por lo que el PP define como una utilización arbitraria del presupuesto público para fines ajenos al interés general de los ciudadanos extremeños.