Nueva etapa judicial: El Tribunal Supremo valida la amnistía para la Mesa del Parlament
El panorama judicial derivado del proceso independentista catalán experimenta un giro definitivo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido una serie de autos donde se oficializa la aplicación de la ley de amnistía a diversas figuras clave, destacando de forma prominente la figura de Roger Torrent, quien fuera presidente del Parlament de Cataluña. Esta decisión no solo afecta a la cúpula legislativa de aquel periodo, sino que se extiende a otros perfiles técnicos y políticos que permanecían bajo el escrutinio de la justicia.
A través de estas resoluciones, el alto tribunal declara extinguida la responsabilidad penal de Torrent junto a los antiguos miembros de la Mesa: Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. El trasfondo de esta exoneración reside en las acusaciones previas de delito de desobediencia, vinculadas a la tramitación de resoluciones sobre autodeterminación y críticas a la institución monárquica durante los meses de octubre y noviembre de 2019.
Un cierre definitivo a los recursos pendientes
Lo relevante de este movimiento del Tribunal Supremo es que se produce sobre una base de absolución previa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya había dictaminado en su día que no existía una prueba concluyente de que los acusados hubieran ignorado deliberadamente los mandatos del Tribunal Constitucional. Sin embargo, al existir recursos en trámite, la sentencia no gozaba de firmeza legal.
Con la entrada en vigor de la medida de gracia, el Supremo considera que dichos recursos «quedan sin objeto». Al amnistiar los hechos de forma integral, la justicia española opta por simplificar los procesos y otorgar seguridad jurídica a los implicados, independientemente de que su situación inicial fuera de absolución o condena firme.
Alcance extendido: Del ámbito municipal a las protestas ciudadanas
La aplicación de la ley de amnistía no se ha limitado exclusivamente al entorno parlamentario. El Tribunal Supremo ha expandido su criterio para abarcar otros casos significativos del procés:
- Maties Serracant: El antiguo alcalde de Sabadell ve eliminada su condena por desobediencia grave, la cual se originó al facilitar infraestructuras públicas para la votación del 1 de octubre.
- Condenados por desórdenes públicos: Dos ciudadanos que recibieron penas de un año y medio de prisión por incidentes tras la sentencia de 2019 han sido beneficiados por el perdón legal.
- Actuaciones en barricadas: Un condenado a más de cuatro años de cárcel por lanzamiento de objetos y participación activa en disturbios también ha recibido el auto de amnistía, eliminando así una de las penas más elevadas de este grupo de beneficiarios.
Análisis de la resolución: Un criterio unificado
La interpretación que hace el Supremo en estos últimos autos sugiere una voluntad de aplicar la norma de forma sistemática a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos que no impliquen malversación de fondos públicos con enriquecimiento personal. Al considerar que los actos de protesta y las decisiones políticas del 2019 entran dentro del marco temporal y material de la ley, el tribunal está despejando el calendario judicial de Cataluña de numerosos flecos que seguían abiertos.
Este paso supone un hito en la normalización institucional, ya que permite que figuras como Roger Torrent y otros exdiputados de ERC y Junts queden totalmente liberados de cargas procesales. La decisión subraya una diferencia técnica fundamental: mientras otros delitos siguen en debate constitucional, la desobediencia administrativa y legislativa parece haber encontrado una vía rápida de resolución bajo el paraguas de la nueva legislación.
Conclusión del ciclo judicial
En definitiva, la decisión del Tribunal Supremo cierra un capítulo de incertidumbre para la antigua Mesa del Parlament. Al extinguir cualquier responsabilidad derivada de los hechos probados, la justicia reconoce que la amnistía es el instrumento vigente para resolver el conflicto derivado de las leyes de desconexión y las movilizaciones sociales posteriores. Este goteo de autos confirma que la arquitectura judicial española está integrando la medida de gracia como el mecanismo principal para dar por finalizada la judicialización de los cargos políticos del periodo 2017-2023.