Ofensiva judicial: Vox busca la disolución de No Name Kitchen
La formación política Vox ha iniciado un procedimiento legal de gran calado contra la organización no gubernamental No Name Kitchen, instando a las autoridades a proceder con su ilegalización definitiva en España. Esta maniobra jurídica responde a la presunta participación de la entidad en actividades que comprometen la integridad de las fronteras nacionales y la seguridad de los agentes desplegados en la zona de Ceuta.
El núcleo de la denuncia se centra en un supuesto entramado que, según el partido, actúa de forma coordinada para desestabilizar el orden público mediante tácticas violentas. Vox sostiene que la labor de esta ONG ha trascendido la asistencia humanitaria para convertirse en un factor de riesgo directo para los cuerpos de seguridad del Estado.
Acusaciones de uso de dispositivos combustibles en la valla
Uno de los puntos más críticos de la querella penal es la supuesta entrega de dispositivos de combustión de factura manual a grupos de inmigrantes. Según los informes presentados por el partido, estos elementos están diseñados para generar deflagraciones y liberar sustancias gaseosas en el momento del impacto, lo que supone una amenaza letal durante los intentos de salto a la valla de Ceuta.
Debido a la gravedad de estos hechos, la denuncia presentada por Vox contempla una serie de figuras delictivas de alto impacto:
- Presunta pertenencia a organización criminal.
- Tentativa de homicidio y lesiones graves.
- Delitos de atentado contra agentes de la autoridad.
- Colaboración activa en la vulneración de fronteras soberanas.
Presión en Bruselas para el bloqueo de fondos públicos
Más allá de los tribunales españoles, la batalla se ha trasladado al corazón de la Unión Europea. Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha formalizado una petición ante la Comisión Europea para que se realice una auditoría exhaustiva de la financiación que recibe No Name Kitchen. La intención es clara: garantizar que ni un solo euro del contribuyente europeo se destine a entidades sospechosas de atacar a las fuerzas de seguridad.
La estrategia del partido incluye la solicitud formal para la congelación de pagos y la cancelación de cualquier proyecto vigente que involucre a esta organización en el ámbito comunitario. Buxadé ha sido tajante al señalar que la defensa de quienes custodian las fronteras debe ser la prioridad absoluta frente a lo que califica como «estructuras enemigas del pueblo español».
Este movimiento marca un punto de inflexión en la relación entre los partidos de la derecha nacional y las organizaciones civiles que operan en zonas fronterizas, elevando el conflicto a una dimensión de seguridad nacional y control presupuestario internacional.