Sira Rego cifra en 1.478 los menores acogidos en Ceuta

La situación humanitaria en la ciudad autónoma de Ceuta ha alcanzado un punto de inflexión que trasciende las cifras habituales. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Juventud e Infancia, la red de protección local atiende actualmente a 1.478 menores extranjeros. Más allá del volumen total, lo que preocupa a las autoridades es la transformación radical en la demografía de quienes cruzan la frontera: un contingente creciente de niñas y niños menores de 13 años que requieren protocolos de atención específicos y urgentes.

El nuevo perfil de la migración infantil en la frontera sur

Uno de los hallazgos más significativos tras las recientes entradas de extranjeros es la visibilidad de perfiles tradicionalmente menos comunes en estas rutas. La ministra Sira Rego ha puesto el foco en que, de la cifra total de identificados, aproximadamente 700 son niñas. Este cambio sustancial obliga a replantear las infraestructuras de acogida, que históricamente han estado diseñadas para un perfil mayoritariamente masculino y adolescente.

Este fenómeno se suma a la temprana edad de los recién llegados, muchos de los cuales no alcanzan los 13 años. Ante esta realidad, el Gobierno subraya que la gestión no puede ser puramente administrativa, sino que debe pivotar sobre el interés superior del menor. La protección de estos niños no es una concesión opcional, sino una obligación legal y ética que define la calidad democrática de un Estado, alejándose de prácticas de expulsión colectiva que vulneren sus derechos fundamentales.

Mecanismos de cooperación y solidaridad interterritorial

Para aliviar la presión logística que soporta Ceuta, el Ejecutivo propone una estrategia de corresponsabilidad institucional que evite el colapso de los servicios locales. Entre las medidas propuestas para descongestionar la ciudad autónoma destacan:

  • Habilitación inmediata de 500 plazas de acogida en la Península gestionadas por entidades especializadas.
  • Activación de convenios de acogimiento familiar para garantizar entornos más integradores.
  • Aplicación rigurosa del artículo 35 de la Ley de Extranjería para facilitar traslados coordinados.
  • Mantenimiento de la tutela por parte de Ceuta mientras se formaliza el desplazamiento a otras comunidades.

La ministra Rego ha insistido en que la solución a esta emergencia migratoria no vendrá del enfrentamiento partidista, sino de una estructura de coordinación sólida. La meta es desinflamar la tensión social y operativa mediante el reparto equitativo de plazas, entendiendo que la tutela de la infancia es un asunto de Estado que no puede recaer exclusivamente en los territorios de frontera.

Defensa de la convivencia frente al discurso de odio

El escenario de crisis también ha servido de caldo de cultivo para episodios de violencia que el Ministerio ha condenado con firmeza. Los ataques dirigidos contra voluntarios de la Cruz Roja y la destrucción de pertenencias de personas migrantes han sido calificados como actos contrarios a la defensa de los intereses de la ciudad. Estas acciones, a menudo impulsadas por grupos de ideología ultra, buscan sembrar el caos y deshumanizar a las víctimas.

Desde la cartera de Juventud e Infancia se advierte que utilizar el lenguaje de «cacerías» o «invasores» en foros políticos y redes sociales tiene consecuencias reales en las calles. El rechazo al racismo y al fascismo no es solo una postura ideológica, sino un requisito para mantener el funcionamiento de las instituciones públicas. En este sentido, el Gobierno se niega a normalizar discursos que criminalizan a menores, recordando que señalar a un niño vulnerable no protege la frontera, sino que oculta intereses geopolíticos que instrumentalizan a la infancia migrante.

En conclusión, la gestión de los 1.478 menores en Ceuta se presenta como una prueba de fuego para la solidaridad autonómica. La respuesta no puede limitarse a la contención, sino a una integración efectiva y al cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, protegiendo a quienes son, en última instancia, las víctimas de conflictos y carencias que escapan a su control.