La estrategia judicial contra el jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid ha sufrido un revés significativo. La Fiscalía de Madrid ha solicitado formalmente a la Audiencia Provincial que desestime el recurso de apelación interpuesto por el PSOE, avalando así el sobreseimiento provisional de la investigación contra Miguel Ángel Rodríguez. Según el Ministerio Público, tras agotar las líneas de investigación pertinentes, no existen indicios sólidos que vinculen a los agentes de la Policía Nacional con la entrega de información confidencial al asesor de Isabel Díaz Ayuso.
El factor determinante: El origen civil de la fotografía
Uno de los puntos más controvertidos del caso era la procedencia de una fotografía de dos periodistas de El País que circuló en un chat de prensa. Mientras que la acusación sostenía que la imagen y los datos personales provenían de fuentes policiales tras una identificación en las inmediaciones del domicilio de la presidenta, la instrucción judicial ha arrojado una versión distinta que la Fiscalía considera probada.
El testimonio de un vecino del edificio resultó crucial para desarticular la tesis de la filtración oficial. Este testigo reconoció ante el juez haber captado la imagen desde una planta superior y haberla compartido con Miguel Ángel Rodríguez. La existencia de registros de WhatsApp fechados en marzo de 2024 corrobora que el material gráfico tuvo un origen vecinal y no policial, restando peso a la acusación de revelación de secretos por parte de funcionarios públicos.
Debilidades en la argumentación de la acusación popular
El recurso presentado por los socialistas se fundamentaba en que las pesquisas actuales no habían logrado despejar las dudas sobre el origen de la información. Sin embargo, el Ministerio Fiscal es tajante al señalar que las declaraciones de los testigos propuestos por el PSOE no aportan la carga probatoria necesaria para sostener el caso. El análisis del fiscal destaca las siguientes inconsistencias:
- Ninguno de los testigos interrogados pudo afirmar de manera directa que los agentes de policía facilitaran los datos a Rodríguez.
- Las alusiones a fuentes del Ministerio del Interior fueron descritas por los propios testigos como informaciones de referencia, sin conocimiento directo de los hechos.
- Los periodistas afectados confirmaron que los agentes no les tomaron fotografías durante la identificación, lo que invalida la teoría de que la imagen difundida fuera de origen policial.
Un largo recorrido judicial con destino al archivo
Este procedimiento no ha estado exento de vaivenes. En febrero de 2026, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa, atendiendo a las quejas del PSOE y de los propios informadores. En aquel momento, se consideró que era necesario profundizar en cómo llegaron los nombres de los periodistas a manos del investigado antes de decretar el archivo de las actuaciones.
Incluso la propia Fiscalía, que hoy solicita el cierre, se sumó en su día a la petición de investigar más a fondo para garantizar la transparencia del proceso. No obstante, tras practicar las nuevas diligencias —que incluyeron el interrogatorio del propio Miguel Ángel Rodríguez y la revisión de pruebas documentales—, el Ministerio Público concluye que no hay base legal para continuar con el proceso penal, ya que no se ha acreditado vulneración alguna del deber de secreto.
Consecuencias del dictamen del Ministerio Público
La postura del fiscal, reflejada en su escrito del 24 de julio de 2026, deja al PSOE en una posición delicada. Al no existir pruebas de que los funcionarios revelaran datos sensibles en el ejercicio de sus funciones, la causa parece abocada a su confirmación definitiva de cierre. La justicia establece así una clara distinción entre la difusión de información obtenida por canales privados y el uso ilícito de bases de datos policiales, blindando la resolución del juzgado de instrucción inicial.
En definitiva, el caso se encamina hacia su resolución final en la Audiencia de Madrid, donde los magistrados deberán decidir si ratifican el criterio de la Fiscalía o si, por el contrario, encuentran algún resquicio legal que obligue a mantener viva una investigación que, hasta la fecha, carece de elementos de cargo suficientes para llegar a juicio.