La Audiencia Nacional se ha convertido en el epicentro de una declaración que podría redefinir las conexiones entre el entorno cercano al Gobierno y la presunta trama de corrupción que sacude al sector energético. Cristian Corvillo, conocido por su pasado como chófer de la presidencia, ha comparecido ante el magistrado Santiago Pedraz para esclarecer su papel y el de su hermano Rubén en la red de fraude de hidrocarburos.
Encuentros en la sede del partido: Más que una relación profesional
Durante su testificación, Corvillo ha admitido la existencia de diversas reuniones con José Luis Ábalos. No obstante, el enfoque de su defensa intenta desligar estos encuentros de la gestión pública, situándolos estrictamente en el ámbito de la organización interna del PSOE. Según su relato, estas citas contaban habitualmente con la presencia de Koldo García, situando el epicentro de la toma de decisiones en la esfera política más que en la ministerial.
Este matiz es crucial para la investigación, ya que busca determinar si la estructura del partido fue utilizada como fachada para facilitar negocios privados o si, por el contrario, los contactos se limitaron a la estrategia orgánica de la formación política.
El nexo empresarial con Víctor de Aldama
Uno de los puntos más críticos de la declaración ha sido el reconocimiento de vínculos comerciales con Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama. Aunque los hermanos Corvillo sostienen que sus proyectos conjuntos no llegaron a materializarse, la Unidad Central Operativa (UCO) mantiene el foco sobre la estructura societaria utilizada.
- Participación en holding empresariales vinculados al patrimonio del fraude.
- Gestión de sociedades como Corvillo Energy, administrada por Rubén Corvillo.
- Intercambio de información constante sobre oportunidades de negocio en el sector energético.
La operación inmobiliaria en Cádiz y el código ‘escrituras’
La investigación también ha puesto sobre la mesa la adquisición de un inmueble en La Alcaidesa, Cádiz. Cristian Corvillo ha reconocido su intervención en la operación, aunque ha esgrimido una defensa basada en el desconocimiento: asegura que veía la compra como una inversión rentable y que ignoraba que el destinatario final del inmueble fuera el propio exministro Ábalos.
Sin embargo, los informes de la Guardia Civil arrojan sombras sobre esta versión. Los agentes han detectado flujos de dinero en efectivo bajo el nombre en clave de «escrituras», un término que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, vincula directamente con pagos opacos derivados de los beneficios del fraude del IVA, que se estima superior a los 200 millones de euros.
Entramado financiero y facturación cruzada
El papel de Rubén Corvillo no es menos relevante. Como administrador de Corvillo Energy, el juzgado investiga su presunto conocimiento sobre el origen de los fondos destinados a la compra de deuda hipotecaria de empresas controladas por Aldama. La trama parece basarse en un complejo sistema de facturación cruzada con entidades como Salamanca Fuel Center, diseñadas supuestamente para simular transacciones de hidrocarburos y evadir el pago de impuestos de forma sistemática entre los años 2021 y 2024.
En definitiva, la declaración de los Corvillo marca un punto de inflexión en el caso hidrocarburos. Lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades fiscales se ha transformado en una maraña de influencias que conecta directamente a empresarios bajo sospecha con el antiguo núcleo de confianza del Ejecutivo, dejando en manos del juez Pedraz la tarea de discernir hasta dónde llegaba la connivencia entre el poder político y el fraude millonario.