El escenario judicial que rodea la gestión de la catástrofe climática en la Comunidad Valenciana ha vivido un episodio determinante. La magistrada encargada de la instrucción en Catarroja ha rechazado de plano las alegaciones presentadas por la defensa de Carlos Mazón, quien sugería la existencia de una investigación prospectiva en su contra. La resolución no solo desestima esta tesis, sino que subraya una confusión conceptual por parte del equipo legal del dirigente autonómico respecto a las garantías procesales de los cargos públicos.
El blindaje del aforamiento frente al escrutinio judicial
Uno de los puntos centrales de la resolución radica en la condición jurídica de Mazón. Al ser diputado en las Cortes Valencianas, mantiene su estatus de aforado, lo que limita las competencias del juzgado de instrucción ordinario. La juez ha sido tajante al señalar que la defensa confunde erróneamente las diligencias necesarias para esclarecer los hechos con una persecución personal dirigida al expresident.
Según el auto, las críticas vertidas por la representación legal de Mazón carecen de sustento real, calificándolas como una «afirmación hueca». La magistrada recalca que su labor actual se centra en la práctica de pruebas que, si bien pueden arrojar luz sobre la responsabilidad de terceros, no constituyen en sí mismas una imputación formal, algo que en cualquier caso correspondería a una instancia superior debido al aforamiento del político del Partido Popular.
Argumentos jurídicos: entre la indefensión y la estrategia procesal
La defensa había solicitado que se concretaran las líneas de investigación abiertas o los indicios de responsabilidad penal atribuibles a Mazón. Sin embargo, la magistrada ha recordado que el ordenamiento procesal español no contempla la obligación de «validar» estrategias de defensa mediante resoluciones que no están previstas en la ley. De hecho, el tribunal destaca varios puntos clave sobre el comportamiento procesal del afectado:
- Se le ofreció en tres ocasiones distintas la oportunidad de declarar voluntariamente como investigado para ejercer su derecho a la defensa.
- Mazón optó por no hacer uso de esta facultad en ninguna de las convocatorias, la última de ellas fechada en septiembre de 2025.
- Al estar personado en la causa, su equipo legal tiene acceso total a todas las diligencias de prueba que se van practicando.
Bajo este prisma, la juez considera contradictorio alegar indefensión cuando ha sido el propio interesado quien ha declinado participar activamente en el proceso para aclarar su papel en la gestión de la DANA.
La puerta abierta al abandono del procedimiento
En un tono inusualmente directo, la instructora sugiere que el escrito presentado por la defensa se asemeja más a una solicitud de sobreseimiento encubierta. Dado que el juzgado actual no tiene la competencia para juzgar o investigar formalmente a un aforado, la petición de Mazón se considera fuera de lugar. La magistrada recuerda que la personación en la causa es un acto voluntario para proteger sus intereses ante posibles derivas de la instrucción.
Si el mandatario autonómico considera que no existe ningún elemento que lo vincule con un ilícito penal, la juez señala que «en buena lógica puede apartarse del procedimiento». Esta observación subraya que la presencia de Mazón en los autos no es una imposición judicial, sino una decisión estratégica de su propia representación legal. Mientras tanto, la instrucción seguirá adelante buscando resultados que permitan determinar si hay indicios suficientes para una futura inculpación, la cual ya quedaría bajo el paraguas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Este nuevo capítulo judicial deja claro que, aunque Mazón no está siendo investigado de forma directa en esta fase por su condición de aforado, las pesquisas sobre lo ocurrido durante la crisis meteorológica continúan su curso legal sin que las quejas de su defensa hayan logrado frenar la actividad del juzgado de Catarroja.