El desfalco a las arcas públicas madrileñas llega finalmente a una fase determinante con el inicio de la vista oral en la Audiencia Nacional por la denominada «operación Inassa». Tras más de una década de instrucción, la justicia disecciona ahora un presunto sobreprecio injustificado que oscila entre los 19 y los 29 millones de euros, derivado de la adquisición de la sociedad colombiana por parte del Canal de Isabel II en el año 2001.
Un agujero millonario bajo el pretexto de la expansión internacional
La tesis central de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la compra del 75% de Inassa, aprobada bajo el Gobierno regional de finales de 2001, no fue una inversión estratégica limpia, sino un vehículo para el desvío de fondos públicos. Aunque la operación se cerró oficialmente por 73 millones de dólares, los informes técnicos sugieren que el valor real era significativamente inferior, beneficiando exclusivamente a los vendedores y perjudicando el patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Este sobrecoste, que el ministerio público califica de «indebido», se ejecutó presuntamente sin motivos que justificasen tal desembolso, lo que ha llevado a solicitar penas que alcanzan los siete años de prisión para los principales implicados por delitos de malversación.
Los rostros en el banquillo: De exconsejeros a gestores públicos
A pesar de que el nombre de Ignacio González sobrevuela toda la trama, este primer juicio del caso Lezo se centra en el equipo que validó la operación original años antes. Entre los 22 acusados destacan figuras de peso en la administración madrileña de la época:
- Juan Bravo Rivera y Pedro Calvo, antiguos pilares del Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón.
- Arturo Canalda, quien fuera gerente del Canal de Isabel II y posteriormente presidente de la Cámara de Cuentas.
- Diversos miembros del Consejo de Administración que ratificaron la compra sin las debidas auditorías.
¿Por qué Ignacio González no comparece en este juicio?
Una de las mayores incógnitas para el ciudadano es la ausencia de Ignacio González en esta fase procesal. El expresidente madrileño, principal rostro mediático de la detención en 2017, no se sienta en el banquillo en esta pieza específica debido a que el juez archivó provisionalmente su causa en esta rama de la investigación en 2019.
No obstante, su horizonte judicial sigue siendo sombrío. González tiene una cita pendiente con la justicia en próximas fechas por otras ramificaciones de la trama Lezo, relacionadas con presuntas irregularidades en la gestión del agua y comisiones ilícitas que sí lo vinculan de forma directa con la gestión posterior del Canal.
Un proceso judicial marcado por la dilación temporal
El calendario previsto para este juicio, que se desarrollará en sesiones intensivas de mañana y tarde, refleja la complejidad de una causa que ha tardado casi veinte años en llegar a su punto crítico desde que se cometieron los hechos. La justicia tardía es uno de los elementos de análisis en este caso, donde la reconstrucción de flujos financieros transatlánticos ha sido el principal escollo para los investigadores.
El veredicto de esta pieza será clave para entender cómo se gestionaron los recursos hídricos de Madrid en el extranjero y si existió un plan preconcebido para utilizar las empresas públicas como instrumentos de enriquecimiento privado bajo la apariencia de expansión comercial.