La perspectiva de María San Gil sobre el final de la actividad armada en España sigue siendo una de las voces más críticas y contundentes dentro del espectro político conservador. Para la exdirigente popular, el periodo de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no supuso el fin derrotista de la organización terrorista ETA, sino una transformación estratégica que permitió a sus herederos políticos integrarse en las instituciones democráticas con una fuerza inédita.
La tesis del oxígeno político: Un error de cálculo histórico
Uno de los argumentos centrales que defiende San Gil es que la banda terrorista se encontraba en una situación de extrema debilidad operativa antes de las negociaciones iniciadas en 2005. Según su análisis, la presión policial y judicial, sumada a la Ley de Partidos, había asfixiado financieramente y logísticamente a la organización. Sin embargo, el giro en la política antiterrorista del Ejecutivo socialista proporcionó, a su juicio, el oxígeno político necesario para evitar su desaparición total.
Para la política donostiarra, la gestión de Zapatero no buscó la rendición incondicional, sino un proceso de paz que, en la práctica, legitimó a los interlocutores vinculados al terrorismo. San Gil insiste en que este proceso otorgó una «victoria moral» a quienes durante décadas utilizaron la violencia para condicionar la agenda política del Estado.
Consecuencias institucionales y el papel de las víctimas
La crítica de San Gil no se limita únicamente a la estrategia policial, sino que se extiende al ámbito ético y moral, especialmente en lo que respecta al colectivo de víctimas del terrorismo. Bajo su punto de vista, el trato dispensado por el Gobierno de Zapatero hacia ETA generó una sensación de abandono en aquellos que habían sufrido directamente la violencia.
- Debilitamiento del Estado de Derecho: San Gil sostiene que se flexibilizaron posturas judiciales para facilitar el diálogo.
- Blanqueamiento político: Considera que la legalización de las marcas sucesoras de Batasuna fue el precio oculto de la negociación.
- Relato histórico: Denuncia un intento de equiparar a víctimas y verdugos en una narrativa de «conflicto» inexistente.
El impacto a largo plazo en la arquitectura democrática
Desde la óptica actual, María San Gil analiza cómo las decisiones tomadas hace casi dos décadas han configurado el presente político de España. La presencia de Bildu como un actor clave en la gobernabilidad del país es, para ella, la culminación del plan trazado durante la etapa de Zapatero. No se trata de un éxito de la democracia, sino de una concesión estructural que ha permitido que el proyecto político de ETA sobreviva a las propias armas.
Este análisis sugiere que, al no producirse una derrota política total, el germen del separatismo más radical ha encontrado un ecosistema favorable para expandirse bajo el amparo de las instituciones que una vez intentó destruir. Para San Gil, la «paz» alcanzada tiene un coste demasiado alto en términos de dignidad nacional y justicia.
Conclusión: Una advertencia sobre la memoria
En definitiva, la visión de San Gil constituye una advertencia persistente contra el olvido y la manipulación del relato. Su denuncia sobre la gestión de Zapatero busca recordar que la derrota de ETA debería haber sido judicial, policial y, sobre todo, moral, sin dejar resquicios para que sus postulados ideológicos sigan influyendo en el destino de España. La firmeza en sus principios la mantiene como un referente para quienes consideran que la negociación con el terror nunca debe ser una opción política legítima.