La actual configuración del sistema penitenciario en relación con la disuelta banda terrorista ETA ha alcanzado un punto de inflexión simbólico y estadístico. Con la reciente progresión al tercer grado de Henri Parot, una de las figuras más activas de la organización criminal, el número de presos que permanecen bajo el régimen ordinario en cárceles españolas ha caído a apenas 32 individuos. Esta cifra resulta especialmente impactante si se compara con el historial del propio Parot, quien acumula en su historial delictivo el asesinato de 39 personas, evidenciando una realidad donde hay ya menos terroristas en prisión común que víctimas mortales causadas por un solo dirigente.
El acelerado vaciado de las prisiones en el País Vasco
Desde que el Gobierno Vasco asumió de forma efectiva las competencias en materia de prisiones, la gestión de los internos vinculados a la banda terrorista ha experimentado una transformación radical. Lo que antes era una excepción se ha convertido en la norma bajo la administración de la coalición PNV-PSE. Los datos analizados por diversos observatorios de política penitenciaria revelan una hoja de ruta clara hacia la semilibertad de los reclusos.
Hasta la fecha, se contabilizan las siguientes decisiones administrativas que han modificado el estatus de los presos de ETA:
- Concesión de 124 progresiones a tercer grado desde la transferencia de competencias.
- Aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario en 28 ocasiones, permitiendo salidas diarias sin cambiar formalmente de grado.
- Tramitación de 62 libertades condicionales para antiguos integrantes de la organización.
Este escenario deja un margen mínimo de internos que aún no han accedido a beneficios que implican, en la práctica, el abandono del confinamiento estricto. La celeridad en estos procesos ha puesto el foco sobre la gestión autonómica y su coordinación con las directrices del Ejecutivo central.
La figura de Henri Parot y la controversia del artículo 83
El caso de Henri Parot es paradigmático por la magnitud de sus crímenes. Condenado a más de 4.800 años de cárcel por su participación en decenas de atentados, entre ellos el devastador ataque contra la casa cuartel de Zaragoza donde murieron cinco menores, su paso a la semilibertad representa para muchos un agravio ético. El uso del artículo 83 para su progresión es visto como la antesala del control telemático total, lo que permitiría al recluso pernoctar fuera de prisión de forma permanente.
Para las asociaciones de víctimas, este movimiento no responde a una evolución genuina del recluso, sino a una estrategia administrativa calculada. Se subraya que Parot ha pasado de estar recluido en prisiones alejadas, como las de Cádiz, a disfrutar de beneficios de salida en el País Vasco en un periodo de tiempo extremadamente breve, sin que conste un arrepentimiento explícito y pormenorizado de cada uno de sus crímenes.
Reacciones de las víctimas: ¿Reincorporación o impunidad?
Las principales organizaciones que agrupan a los damnificados por el terrorismo, como la AVT y Covite, han alzado la voz contra lo que definen como una «amnistía encubierta». El argumento central de estas críticas sostiene que la reinserción es, en realidad, una herramienta política utilizada como moneda de cambio parlamentaria. Se recuerda con insistencia la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a formaciones como EH Bildu, cuyos líderes han vinculado abiertamente el apoyo a los Presupuestos Generales con la situación procesal de los reclusos.
Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo se denuncia que este modelo penitenciario es una «farsa» que ignora el derecho a la justicia y a la verdad de los familiares de los asesinados. La crítica no se queda solo en el terreno político, sino que se traslada al judicial. Existe una petición formal para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional actúe de oficio y recurra estas progresiones ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, buscando frenar lo que consideran un proceso de normalización de la impunidad.
Un nuevo paradigma ético en el cierre de la etapa terrorista
La sociedad española se enfrenta ahora a un debate que trasciende lo puramente legal. Con el vaciado de las cárceles prácticamente completado en lo que respecta al régimen ordinario, la pregunta que queda en el aire es si el sistema ha priorizado la convivencia política sobre el rigor penal. La ausencia de una exigencia de colaboración con la justicia para esclarecer atentados sin resolver sigue siendo la gran herida abierta en este proceso de beneficios penitenciarios.
En conclusión, el tercer grado de figuras como Parot marca el final de una era de dispersión y castigo severo, pero abre un periodo de profunda incertidumbre sobre el significado de la justicia en la España post-ETA. Mientras la política penitenciaria sigue su curso administrativo, el dolor de las víctimas se reaviva ante la percepción de que el cumplimiento de las penas se ha convertido en una gestión de conveniencia.