Reparación histórica: España abre la puerta de la nacionalidad a los ciudadanos del Sáhara Occidental
En una decisión parlamentaria que busca cerrar una herida abierta desde hace casi cinco décadas, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición de ley fundamental. Esta normativa permitirá a los saharauis nacidos bajo la administración española obtener la nacionalidad por carta de naturaleza, reconociendo un vínculo civil que el proceso de descolonización interrumpido en 1975 dejó en el limbo.
El respaldo a esta iniciativa ha fracturado el arco parlamentario en bloques muy definidos. Mientras que los grupos de izquierda y las fuerzas nacionalistas impulsaron la medida con convicción, el Partido Popular optó por la abstención y Vox manifestó su rechazo frontal. Esta votación se produce en un contexto de equilibrio diplomático extremo con Marruecos, cuya relación con España atraviesa periodos de oscilación constante tras episodios críticos en las fronteras de Ceuta y Melilla.
¿Quiénes pueden beneficiarse de esta nueva legislación?
El objetivo central de la ley es devolver un derecho de pertenencia a quienes fueron, de facto y de iure, ciudadanos de la que fuera la provincia número 53 de España. Para acceder a este procedimiento de naturalización, se han establecido criterios técnicos claros basados en la cronología y la descendencia:
- Personas nacidas en el territorio del Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977.
- Descendientes en primer grado de consanguinidad de los beneficiarios directos.
- Individuos que puedan acreditar su origen mediante el censo de la ONU de 1974 o certificados de nacimiento expedidos por la administración colonial.
- Poseedores de Documento Nacional de Identidad (DNI) español, incluso si este se encuentra caducado desde hace décadas.
Se estima que entre 80.000 y 100.000 personas podrían acogerse a esta medida, lo que supone un alivio burocrático significativo para una población que, en muchos casos, ha vivido en condiciones de apatridia o bajo el estatus de refugiado en países terceros.
De la Marcha Verde al exilio en la Hamada
Para entender la relevancia de esta ley, es necesario retroceder a 1975, un año de inflexión donde la agonía del régimen franquista coincidió con la Marcha Verde organizada por Marruecos. Los Acuerdos de Madrid transfirieron la gestión del territorio a Rabat y Nuakchot, pero ignoraron el derecho internacional que exigía un referéndum de autodeterminación.
Esta salida precipitada provocó el éxodo masivo de miles de saharauis hacia el desierto argelino. Hoy, gran parte de este pueblo reside en los campamentos de refugiados de Tinduf, gestionados por el Frente Polisario. En estas zonas, la vida transcurre bajo la dependencia de la ayuda humanitaria, en un entorno geográfico hostil conocido como la «Hamada», donde las temperaturas extremas marcan el día a día de varias generaciones que nunca han conocido su tierra de origen.
El impacto en la arquitectura diplomática del Magreb
La aprobación de la nacionalidad para los saharauis no es solo un acto jurídico; es un mensaje político de gran calado. España, que sigue siendo la potencia administradora de iure según Naciones Unidas, asume con esta ley una responsabilidad moral que había quedado postergada. Sin embargo, este movimiento añade una capa de complejidad a las relaciones con el reino alauita, que considera el Sáhara Occidental como parte integral de su soberanía nacional.
A diferencia del enfoque marroquí, que promueve un plan de autonomía bajo su control, el Frente Polisario mantiene la exigencia de la independencia total para la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En este fuego cruzado, la medida española busca ofrecer una salida individual y digna a los ciudadanos, independientemente de los bloqueos geopolíticos que impiden una solución definitiva al conflicto armado de baja intensidad reactivado en 2020.
Hacia una identidad jurídica recuperada
El camino hacia el pasaporte español para los saharauis representa el reconocimiento de un pasado común. Durante la etapa colonial, el Sáhara no era un simple protectorado, sino una extensión administrativa del Estado, con representación en las Cortes y una población que hablaba español, estudiaba en sus escuelas y servía en sus filas.
En conclusión, esta nueva norma actúa como un puente legal para quienes fueron abandonados a su suerte en mitad del desierto. Al reducir los plazos de residencia y facilitar la carta de naturaleza, España no solo otorga un documento de viaje; otorga derechos, seguridad jurídica y, sobre todo, el reconocimiento de que la historia de los saharauis sigue intrínsecamente ligada a la historia de España.