Estrategia de defensa: Los socios de Aldama se desmarcan de las mordidas
En un giro defensivo dentro de la instrucción del caso Koldo, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche han comparecido ante la Audiencia Nacional para blindar su postura frente a las acusaciones de corrupción. A diferencia de la línea de colaboración mantenida por Víctor de Aldama, los dos empresarios sostuvieron ante el magistrado Ismael Moreno que su participación en los contratos de mascarillas se ajustó estrictamente a una oportunidad de negocio legítima, negando cualquier tipo de pago irregular a funcionarios o intermediarios.
Esta declaración voluntaria busca establecer un cortafuegos jurídico frente a la confesión previa de Aldama, quien ya admitió la existencia de comisiones para asegurar las adjudicaciones. Mientras que el principal comisionista de la trama logró la suspensión de su pena tras colaborar con la justicia, Cueto y Rotaeche insisten en que desconocían el destino final de los fondos y que su papel se limitó a la gestión operativa y logística de los suministros sanitarios durante lo peor de la pandemia.
Contradicciones en la gestión de Soluciones de Gestión
Uno de los puntos críticos del interrogatorio se centró en quién ostentaba el mando real de Soluciones de Gestión. La Fiscalía y los investigadores sostienen que Juan Carlos Cueto era el cerebro en la sombra, mientras que Íñigo Rotaeche ejercía como administrador único nominal. No obstante, ambos negaron esta estructura de poder ante el juez Moreno. Cueto argumentó que su vinculación era puramente técnica, facilitando la infraestructura logística del Grupo Cueto para que la operativa de importación fuera posible.
- Negación de control efectivo por parte de Cueto sobre la mercantil investigada.
- Defensa de la transparencia en las ofertas presentadas a Puertos del Estado y Adif.
- Justificación de los márgenes de beneficio como ganancias comerciales estándar en situación de emergencia.
El enigma de las fechas y el informe pericial denegado
La comparecencia también sirvió para intentar aclarar una de las pruebas documentales más comprometedoras: la existencia de contratos firmados el 16 de marzo de 2020, varios días antes de que se publicara la orden ministerial que habilitaba las compras. Los investigados atribuyeron esta anomalía cronológica a un error administrativo cometido por José Ángel Escorial, otro de los nombres clave en la estructura societaria.
A pesar de la insistencia de la defensa de Cueto por presentar un peritaje técnico que demostrara las fechas reales de creación de los archivos digitales, el juez Ismael Moreno ha desestimado, por ahora, dicha prueba. Los empresarios mantienen que la oferta para Puertos del Estado, valorada en unos 20 millones de euros, fue entregada físicamente en las inmediaciones del Ministerio de Transportes en una fecha posterior a la que figura en los registros oficiales iniciales.
Hacia la fase final de la instrucción judicial
Con estos testimonios, la Audiencia Nacional se encamina hacia el cierre de las diligencias principales de esta rama del caso, aunque el horizonte judicial sigue expandiéndose. La investigación se ramifica ahora en piezas separadas de alta sensibilidad política y económica:
- Investigación sobre posibles mordidas en licitaciones de obra pública que afectan a cargos directivos del partido en el Gobierno.
- Pesquisas sobre un presunto sistema de pagos en metálico dentro del entorno del PSOE, bajo secreto de sumario.
- Análisis de las transferencias internacionales y el posible blanqueo de los 6,6 millones de euros que Aldama percibió como beneficio.
En conclusión, mientras la justicia intenta desentrañar si el dinero de las mascarillas acabó financiando estructuras políticas, los socios de Aldama han optado por una estrategia de ignorancia deliberada respecto a la corrupción, situándose como meros actores comerciales en un mercado caótico. El éxito de esta postura dependerá de la solidez de las pruebas documentales que la UCO logre contrastar frente a sus testimonios.