La tensión institucional entre el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces ha escalado tras la decisión de Félix Bolaños de impugnar formalmente el archivo de las diligencias contra el magistrado Juan Carlos Peinado. El titular de Justicia considera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cerrado de forma prematura y sin la profundidad necesaria la investigación sobre el comportamiento del juez encargado del «caso Begoña Gómez».
Las claves de la impugnación por presunta mala praxis
El recurso presentado ante la Comisión Permanente no se limita a una mera discrepancia administrativa, sino que cuestiona la integridad del proceso de control disciplinario. Bolaños sostiene que existen indicios de mala praxis que no fueron debidamente evaluados, destacando los siguientes puntos de fricción:
- El tono y las expresiones subjetivas utilizadas por el magistrado en sus resoluciones oficiales.
- La gestión de la declaración del propio ministro en calidad de testigo, donde se habrían producido irregularidades procedimentales.
- La proximidad temporal sospechosa entre la presentación de la queja y ciertas decisiones judiciales posteriores del magistrado.
El precedente del Tribunal Supremo como argumento jurídico
Uno de los pilares del recurso de alzada es el reciente revés que el Tribunal Supremo propinó a la instrucción de Peinado. El magistrado intentó elevar una causa contra Bolaños por presunta malversación y falso testimonio, una iniciativa que el Alto Tribunal rechazó tajantemente debido a la «absoluta ausencia» de fundamentos mínimos.
Para el Ministerio de Justicia, este episodio no es un hecho aislado, sino una prueba de una instrucción errática que merecía una revisión disciplinaria exhaustiva por parte del CGPJ. La falta de indicios para imputar al ministro refuerza la tesis de que la actuación del juez pudo estar motivada por criterios ajenos al rigor jurídico.
Investigación sobre las filtraciones a medios de comunicación
Finalmente, el recurso pone el foco en la vulnerabilidad del secreto de las actuaciones. Bolaños exige que se determine quién y cómo permitió el acceso a documentos judiciales por parte de la prensa antes de que las partes personadas tuvieran conocimiento oficial de los mismos. El ministro considera esencial esclarecer la trazabilidad de estas filtraciones para garantizar el derecho a un proceso con todas las garantías.
Con este movimiento, el Gobierno busca que se reabra la diligencia informativa, insistiendo en que la supervisión del Poder Judicial debe ser implacable cuando se detectan comportamientos que puedan comprometer la imparcialidad y el decoro de la administración de justicia.