La crisis interna en las filas de Vox Murcia ha dado un salto definitivo de la arena política a los tribunales. El Tribunal de Instrucción número 4 de Cartagena ha tomado cartas en el asunto tras las acusaciones de falsificación documental que rodean el intento de cese de quien fuera el máximo representante del partido en la región, José Ángel Antelo.
Investigación judicial por la supuesta suplantación de identidad digital
El núcleo de la investigación se centra en el uso presuntamente fraudulento de la firma digital de Antelo. Según las pesquisas iniciales, se habría utilizado esta rúbrica electrónica sin su consentimiento para validar un documento que solicitaba su propio relevo ante la Mesa de la Asamblea Regional. Este hecho, calificado directamente como una falsificación por el propio afectado, ha llevado al juez a citar como investigados a dos figuras clave del entorno administrativo del grupo: el asesor A. H. y la coordinadora A. P.
La justicia busca determinar si se cometió un delito de falsedad en documento público o mercantil, un cargo de extrema gravedad para profesionales encargados de la gestión parlamentaria. La denuncia presentada por José Ángel Antelo sostiene que nunca autorizó dicho movimiento, el cual buscaba materializar un cambio de liderazgo de forma forzosa.
El factor clave: La falta de unanimidad en el grupo parlamentario
Para entender la motivación detrás de esta supuesta maniobra, es necesario analizar el reglamento interno que rige al grupo parlamentario de Vox. La normativa exige un voto unánime de todos sus integrantes para poder proceder al cese del portavoz. Este requisito se convirtió en el principal obstáculo para los detractores de Antelo dentro de la formación.
- Resistencia interna: Virginia Martínez fue la única diputada que se opuso frontalmente al cese.
- Bloqueo administrativo: Sin el apoyo de Martínez, el cese era legalmente inviable bajo los estatutos vigentes.
- Presunta solución ilícita: Ante el bloqueo, se habría optado por «fabricar» la firma del propio interesado para simular su conformidad.
Testimonios determinantes ante el juez
En el marco de este proceso, la figura de Virginia Martínez emerge como una pieza fundamental. El juez la ha citado en calidad de testigo presencial, ya que su negativa a aceptar la destitución de Antelo fue el detonante que, presuntamente, obligó a los ahora investigados a buscar vías alternativas para presentar el documento ante la cámara autonómica.
Este escenario deja a la formación en una situación de vulnerabilidad institucional, ya que pone en entredicho los procedimientos internos y la seguridad de los trámites digitales realizados en nombre de sus representantes. La resolución de este caso marcará un precedente sobre la custodia de las credenciales electrónicas en el ámbito de la administración pública y los partidos políticos.
Mientras la instrucción avanza en Cartagena, el impacto político en la Región de Murcia es innegable, evidenciando una fractura profunda en una estructura que, hasta hace poco, se presentaba como un bloque monolítico frente a sus adversarios parlamentarios.