La tensión entre el poder legislativo y el judicial ha alcanzado un nuevo máximo tras las recientes decisiones del juez Juan Carlos Peinado. Desde la coalición Sumar, las críticas no se han limitado a un desacuerdo técnico; se ha lanzado una ofensiva verbal que cuestiona directamente la profesionalidad y la objetividad del magistrado encargado de la instrucción contra Begoña Gómez. La formación califica el proceso como un intento de desgaste público orquestado bajo lógicas ajenas al derecho penal convencional.
Una ofensiva sin precedentes contra la instrucción de Juan Carlos Peinado
El anuncio de que el caso contra la esposa del presidente del Gobierno se resolverá mediante un jurado popular ha sido el catalizador de una serie de reproches cruzados en el Congreso. Diversos portavoces de la coalición han coincidido en que el procedimiento carece de la seriedad necesaria, llegando a utilizar metáforas punzantes sobre la actitud del juez. Se señala que el magistrado actúa con una ligereza impropia de su cargo, sugiriendo que su estrategia parece más alineada con los intereses de la extrema derecha que con la búsqueda imparcial de la justicia.
La crítica más feroz apunta a una supuesta falta de rigor en los autos judiciales. Desde Sumar, se subraya que las menciones a figuras históricas como Fernando VII en resoluciones jurídicas actuales son una muestra de extralimitación y falta de sobriedad. Esta percepción de «justicia creativa» es lo que ha llevado a varios diputados a tildar la instrucción de «chapucera», especialmente tras haber sido rectificada en múltiples ocasiones por instancias superiores.
Dudas sobre la solvencia técnica: Del hostigamiento a la incompetencia
La figura de la incompetencia profesional ha sido el eje central del discurso de parlamentarias como Tesh Sidi o Aina Vidal. Para la formación, el hecho de que un juez sea corregido sistemáticamente por la Audiencia Provincial debería tener consecuencias directas sobre su continuidad en el puesto. La argumentación de Sumar se divide en tres puntos clave:
- La percepción de un hostigamiento personal que busca convertir un proceso judicial en un espectáculo mediático de largo recorrido.
- La supuesta intención del juez de realizar un «último servicio» antes de su inminente jubilación, forzando tipos penales de malversación donde otros no ven base jurídica.
- La utilización de un lenguaje que, a juicio de los diputados, abandona la neutralidad para adoptar un tono político reaccionario.
El jurado popular bajo la sombra de la desinformación
Un aspecto que genera especial preocupación en el seno de la coalición es la viabilidad de un juicio justo ante un jurado popular en un entorno tan polarizado. Aunque la formación defiende la institución del jurado como una herramienta democrática, voces como las de Alberto Ibáñez advierten sobre la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la manipulación mediática.
El temor reside en que el relato público sobre Begoña Gómez ya ha sido construido por lo que denominan «pseudomedios» y redes sociales financiadas por intereses opacos. En este contexto, consideran que un jurado podría verse influenciado por noticias falsas y bulos, aunque paradójicamente, los portavoces afirman confiar más en la ciudadanía de a pie que en un juez al que acusan de actuar bajo criterios «profundamente injustos».
Reflexiones sobre la politización de la justicia y la necesidad de reformas
Más allá de la figura individual de Peinado, el debate se ha desplazado hacia la responsabilidad del propio Gobierno y el Parlamento. Miembros de Compromís y otras fuerzas adscritas a Sumar señalan que existe una incapacidad legislativa para frenar lo que denominan «jueces que hacen política con la toga».
La conclusión de la coalición es clara: la credibilidad de la institución judicial está en riesgo si no se activan mecanismos para apartar a perfiles que, según su visión, utilizan su cargo para fines partidistas. La solidaridad con Begoña Gómez, expresada especialmente desde el sector feminista de la formación, enmarca el caso no como un asunto de corrupción, sino como una «cacería» que solo es posible por su vínculo directo con la Presidencia del Gobierno.