Cronología de una decisión postergada: El testimonio de Francisco Javier Sendra
La investigación judicial que busca esclarecer las responsabilidades en la gestión de la DANA del 29 de octubre ha recibido un testimonio que altera significativamente el relato oficial de los tiempos. Francisco Javier Sendra, actual secretario autonómico de Infraestructuras, ha declarado ante la jueza que la exconsellera Salomé Pradas ya tenía sobre la mesa la posibilidad de activar el sistema Es-Alert alrededor de las 17:30 horas, mucho antes de que el mensaje llegara finalmente a los dispositivos móviles de los ciudadanos.
Esta revelación resulta determinante para la instrucción, ya que sitúa el conocimiento de la herramienta de emergencia en un punto temprano de la tarde, concretamente durante el inicio de la reunión del Cecopi. Mientras la cúpula de Emergencias evaluaba la situación, el reloj seguía corriendo: el aviso masivo a la población valenciana no se ejecutó hasta las 20:11 horas, un desfase de más de 150 minutos en los que la inundación ya estaba causando estragos irreversibles.
Interacciones políticas y técnicas durante el colapso
El relato de Sendra no solo se centra en la gestión del sistema de alertas, sino que también aporta luz sobre las comunicaciones internas del Consell en los momentos más críticos. A pesar de estar conectado de forma remota, el testigo pudo seguir el desarrollo de la crisis y mantuvo contacto directo con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pasadas las siete y media de la tarde.
- Conexión con el Cecopi: Sendra participó en la reunión de emergencia de forma telemática desde Valencia Sud.
- Llamada presidencial: A las 19:34, Mazón consultó sobre el estado de las carreteras y la situación de la Línea C1 de Cercanías.
- Interés por Utiel: El jefe del Consell mostró su intención de informarse sobre la situación en la comarca de Requena-Utiel, aunque la movilidad ya estaba seriamente comprometida.
- Gestión de Infraestructuras: El informe proporcionado al presidente en ese momento indicaba problemas severos por la crecida del río Magro.
Implicaciones para la instrucción judicial en Valencia
La declaración de Sendra se produce en calidad de testigo en un procedimiento donde figuran como investigados la propia Salomé Pradas y su antiguo número dos, Emilio Argüeso. La jueza busca determinar si existió una omisión de socorro o una imprudencia grave al no utilizar los mecanismos de aviso masivo con la antelación necesaria para salvar vidas.
El hecho de que un cargo técnico y político con la trayectoria de Sendra —quien fue diputado de Emergencias— confirme que la herramienta se mencionó en la primera fase de la reunión, pone en entredicho la agilidad de la cadena de mando. La discrepancia entre la disponibilidad tecnológica y la voluntad política de emitir la alarma es ahora el eje central de las pesquisas judiciales sobre una tragedia que se ha cobrado 232 víctimas mortales.
Un balance de daños y responsabilidades
El testimonio añade una capa de complejidad al análisis del 29 de octubre. Mientras en Valencia Sud la situación parecía controlada en ciertos momentos, el desbordamiento de cauces como el Poyo y el Magro ya estaba sentenciando a las localidades de la Horta Sud. El retraso en la activación del Es-Alert, tras haber sido mencionado a media tarde, se convierte en la pieza clave para entender si la magnitud de la catástrofe pudo haberse mitigado con una respuesta institucional más decidida y menos dubitativa.